El Juzgado Federal N° 2 de Córdoba citó a indagatoria a nueve personas por, presuntamente, participar en maniobras de captación de mujeres en situación de vulnerabilidad para que actuaran como “vientres subrogantes” en procesos de fertilización asistida.
A su turno, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió que los encausados declararan por al menos 14 hechos ocurridos en dos clínicas de salud reproductiva. También solicitó que se dictaran las preventiva de los principales investigados, titulares de los dos centros de salud donde las prácticas se desarrollaron de manera similar, sin éxito por el momento.
La Fiscalía sostiene que los encartados habrían captado con fines de explotación a un número aún indeterminado de mujeres en situación de vulnerabilidad para ofrecerlas como gestantes a cambio de una suma de dinero que tampoco se estableció.
Precisó además que los centros de salud bajo pesquisa se contactaron con muchas víctimas a través de sus “donaciones de óvulos” y que los médicos directores de los establecimientos les habrían ofrecido a los denominados “padres intencionales” la gestación por subrogación, precisando que, luego, abogados cercanos habrían tomado participación en la maniobra gestionando ante el Judicial; especialmente, en el ocultamiento de la verdadera situación de las mujeres, su relación con los comitentes y el aspecto económico del acuerdo que presentarían ante los jueces para facilitar su homologación y autorización del procedimiento.
Concretamente, denunció que los letrados relataban una situación de amistad entre las partes que no existía y que citaron falsos fines altruistas.
El MPF detalló que una vez realizado el supuesto pacto para la gestación, los imputados habrían contado con la colaboración de especialistas en psicología quienes, ocultando las condiciones y la vulnerabilidad de las víctimas, certificaban su aptitud psicológica para el procedimiento.
El requerimiento de instrucción presentado por el Ministerio Público Fiscal incluye también denuncias de hostigamiento por parte de los encausados hacia mujeres que, tras presentar dudas, decidieron no ser parte de las maniobras.
Para la Fiscalía, los hechos denunciados encuadran en la figura de trata con fines de explotación, agravado por mediar engaño, fraude, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento, que las víctimas estuvieran embarazadas y sean más de tres, y en la comisión del delito participaren tres o más personas. “Aun cuando la actividad desplegada por las personas imputadas haya sido presentada ante las autoridades judiciales como casos no regulados por ley, habrían desplegado con habitualidad un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de pobreza, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre mediante la práctica de gestación por sustitución, a cambio de una contraprestación económica y en algunos casos poniendo en riesgo su salud e incluso abandonando a las víctimas una vez nacido el niño/a, todo ello con el propósito de que las personas implicadas en el negocio – responsables de clínicas, abogados, entre otros- obtengan cuantiosas ganancias económicas”, planteó.
Paralelamente, indicó que esta hipótesis acusatoria concursa a su vez con la comisión de delitos contra la fe pública, por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas, lo que se materializa en los supuestos acuerdos entre la persona gestante y los comitentes presentados por los abogados para su homologación judicial, sin perjuicio de otras hipótesis penales relevantes que pudieran surgir con el devenir de la investigación.
En tanto, pidió que se allanen las clínicas de fertilidad involucradas a los fines de obtener las historias clínicas de las víctimas que hayan realizado los procedimientos de ovodonación y gestación por subrogación, como también el secuestro de toda documentación que pueda acreditar ingresos y egresos de dinero en el período investigado.