ESCUCHAREl diputado nacional Alejandro Bongiovanni (PRO – Santa Fe) presentó un proyecto que busca eliminar la herencia de cargos y sancionar a los funcionarios que dicten normas internas que vulneren la prohibición.
“Hay varios órganos y entes del sector público nacional que otorgan una curiosísima y descarada prerrogativa de sangre a sus empleados de planta permanente”, argumentó el legislador, quien recordó que hay espacios en los que se prevé si mueren empleados, sus hijos, cónyuges o convivientes tienen “derecho” a “heredar el puesto”.
Bongiovanni ejemplificó citando el estatuto para el personal del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que establece que, en caso de muerte de un empleado en actividad, uno de los integrantes de su grupo familiar primario podrá optar por incorporarse a la institución siempre que reúna las condiciones de ingreso establecidas, a satisfacción del banco, y el causante haya pertenecido a la planta permanente.
Frente a lo que definió como una “disparatada situación que choca de frente contra el principio de igualdad ante la ley”, recordó que Mauricio Macri dictó el decreto 732/18, con el fin de eliminar los cargos hereditarios en el sector público e instruir a las autoridades de los distintos organismos estatales a revisar y derogar las normas internas que regulan el privilegio.
En tanto, precisó que el gobierno de Alberto Fernández dio marcha atrás y que el BCRA restableció formalmente la vigencia de la regla estatutaria, a la que definió como “nefasta”.
“Linaje”
“El término ‘casta’ se usa acaso demasiado, pero esta práctica es de forma un linaje que transmite privilegios a sus descendientes sin más argumento que el de que la pertenencia al grupo genera derecho. Es una escandalosa privatización de lo público. El puesto público como un derecho familiar”, denunció el diputado del PRO.
Cabe recordar que hace poco menos de dos años, en mayo 2022, luego de que el Central rehabilitara un artículo del convenio colectivo que permite que parientes de empleados fallecidos ingresen a la entidad, surgieron críticas de la oposición y su por entonces vicepresidente, Jorge Carrera, defendió la medida.
Dijo que era “puntual” y “acotada” y que “ex funcionarios del Banco Central durante el macrismo” usaban la palabra “general y amplia parientes” para señalar a “los beneficiarios de la restitución de un viejo derecho del Convenio Colectivo 18/1975 ante la muerte de un empleado en su período activo”.
En una explicación que difundió en su cuenta de X (es Twitter), remarcó que “los únicos parientes con derecho a aplicar serían o el cónyuge o conviviente si no estaban separados y en el caso que tengan hijos menores de edad, o un hijo entre los 18 y 25 años” y añadió que “es aplicable para situaciones de vulnerabilidad generada por fallecimiento”.
Asimismo, señaló que “sólo pueden pedir ser tenidos en cuenta para acceder a ese beneficio durante 180 días luego de la muerte del empleado” y que no es obligatorio para el banco, ya que está sujeto a que haya vacantes, y que, si entran, lo hacen “en la categoría más baja del escalafón”.
El ex funcionario sumó que los familiares podrán tomar el cargo “siempre que demuestren ser idóneos y cumplir los demás requisitos”.
Además, dijo que hubo “bastante mala intención” en cómo se presentó el tema ante la opinión pública y apuntó contra la por entonces oposición. Predicó: “Ojalá la tenacidad que tuvieron algunos ex funcionarios para quitar derechos a los trabajadores la hubieran tenido para no endeudarse o ser responsable en la forma en que lo hicieron y no comprometer así el patrimonio de todos los argentinos”.
Guido Sandleris
La polémica se abrió a partir de un mensaje del ex presidente de la entidad, Guido Sandleris, en el que sostuvo que el empleo público no puede ser hereditario. “En 2018, en el BCRA eliminamos el requisito de priorizar la contratación de parientes para reemplazar a un empleado fallecido. El directorio del BCRA acaba de restituirlo. Un papelón”, aseveró en X.
Por su parte, Federico Sturzenegger, ex titular del Banco Central durante la gestión de Macri, aportó datos en un hilo de la red social.
Narró que el primer conflicto fue en el Banco Ciudad. “Sueldos altísimos reservados para hijes de empleados y/o recomendados de la política. Implementamos un sistema con llamados abiertos, primer filtro de desempeño académico, segundo filtro examen UBA. De ese pool elegíamos de colegios públicos”, posteó.
En esa línea, recordó que tuvieron entonces más de una veintena de paros en contra del ingreso meritocrático. “Hacia afuera las protestas eran contra el ajuste macrista. Hacia adentro eran por los derechos de nuestros hijos e hijas. El conflicto fue extenso, llegándose a la agresión física”, recapituló.
“En el Central la gremial ya conocía estos antecedentes. Pero había una norma escrita que obligaba a contratar a un familiar de fallecido. En el Nación era peor, el 30% de los ingresos tenían que ser familiares”, manifestó.
Sturzenegger relató un caso que se generó tras la muerte de una empleada del BCRA. “La Comisión Interna le había asegurado el puesto al marido y el señor había renunciado a su trabajo de 30 años. Yo me resistía a convalidar el privilegio”, describió, e indicó que usó un trámite inconcluso de hacía unos años para mandarle el expediente al procurador Bernardo Saravia Frías, que dictaminó que la norma era inconstitucional. “Con ese dictamen eliminé el régimen de privilegio. Poco después Macri emitió un decreto haciendo extensiva a toda la administración la prohibición de contratación de familiares. Entiendo que Alberto Fernández lo derogó los primeros días de este gobierno. A nadie pareció importarle”, disparó.
El ex funcionario y actual asesor del Gobierno de Javier Milei concluyó: “Los privilegios están por todos lados. Argentina es una colección de kioscos. Estos intereses imposibilitan cualquier posibilidad de cambio. Hasta que algún día llegue alguien que quiera desarmarlos y la sociedad apoye la construcción de una sociedad sin privilegios. Veremos”.
