ESCUCHARJulián Alfie, director Ejecutivo de Inecip, calificó al actual sistema de la justicia federal como arcaico e ineficiente y consideró una oportunidad el anuncio del Gobierno para avanzar en la implementación del Código Procesal Penal que se aprobó hace una década
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona anunció ayer la voluntad política de avanzar con la demorada implementación del Código Procesal Penal Federal en un intento por modernizar y eficientizar un sistema judicial que cruje y no da respuesta a la ciudadanía. La compleja situación que vive la ciudad de Rosario, azotada por el narcotráfico, aceleró los plazos y será la primera en la gestión del nuevo Gobierno en avanzar con un sistema acusatorio que promete más celeridad en la resolución de las causas.
En diálogo con Comercio y Justicia el director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Julián Alfie, trazó un panorama sobre la situación que vive hoy el sistema judicial penal federal y los recursos que se necesitan para poner definitivamente en marcha este Código Procesal Penal. A su vez, llamó a vencer las resistencias de aquéllos que se oponen a estos cambios porque se benefician con la impunidad que les otorga el sistema.
–¿Qué análisis hace respecto del anuncio del ministro Cúneo Libarona para dar impulso a la implementación del nuevo Código Procesal Penal?
Lo que estamos discutiendo es la implementación de un Código Procesal Penal de la Justicia Federal que fue aprobado por el Congreso Nacional hace 10 años pero que en todo este tiempo se implementó en un solo distrito federal, que es el que abarca a las provincias de Salta y Jujuy. No es un tema nuevo, es un viejo reclamo y lo que se abre con este anuncio del Ministerio de Justicia que busca comenzar por Rosario y propone avanzar con un esquema de implementación a todos los distritos federales es una nueva oportunidad. Lo que está en juego es si vamos a seguir teniendo un sistema de Justicia Federal absolutamente acarcaico, ineficiente, favorable a la arbitrariedad en el juzgamiento de las causas y que las causas no reciban ninguna respuesta y queden en la impunidad, o si vamos a pasar a un nuevo sistema, que no va a ser un solución mágica para todos los problemas pero va a dar un piso mínimo de condiciones para mejorar el funcionamiento de nuestra Justicia Federal que juzga delitos graves como el narcotráfico, la criminalidad económica o la trata de personas.
-¿Qué se necesita para implementar este Código Procesal?
Hay una enorme discusión sobre si se necesitarán más cantidad de fiscales o jueces pero eso es una falacia. Si uno analiza la cantidad de fiscales y jueces y, sobre todo si uno ve el resto de los recursos humanos que tiene el Poder Judicial, podemos concluir de que no se necesitan muchas más personas; el problema que hoy tenemos es que el sistema actual,conocido como inquisitivo, subutiliza a un montón de personas. Tiene muchos abogados super capacitados haciendo funciones administrativas que no les corresponde; el nuevo sistema pone a esos abogados a cumplir funciones jurídicas. El nuevo sistema ademas brinda herramientas para una mejor gestión de las causas, es decir, que las causas chicas se tramiten con salidas de mejor calidad, que se puedan resolver en días o semanas y eso permita liberar recursos para investigar mejor los casos más graves. Lo que se necesita entonces no son recursos humanos, lo que suele aparecer en esos casos son excusas para frenar la implementación. Por esa razón, es importante este plazo de 45 días que vamos a tener para implementar el sistema en Rosario, que obviamente es un desafío grande pero que es importante que se cumpla como una señal de que esto se va a trasladar al resto del país despues de 10 años de demora.
-¿Están dadas las condiciones entonces para que esto se pueda implementar en todo el país?
Absolutamente porque esto hace 10 años que se sabía que iba a suceder y se realizaron capacitaciones. El sistema judicial federal es uno de lo que tiene mayor proporción de recursos humanos para la carga de trabajo que tiene, es un sistema que no tiene muchas causas porque tiene una competencia limitada y, además el volumen de trabajo que tiene, tiende a disminuir porque muchas de las causas son casos de lesa humanidad, que van decreciendo. Además, hay muchas provincias que han dictado leyes de narcomenudeo, que también le saca trabajo al sistema federal. Los recursos están, se requieren algunas readecuaciones edilicias que el sistema judicial puede afrontar, el ministro anunció ayer que iba a conseguir esos recursos. Por lo tanto, lo que falta es la decisión política de todos los actores intervinientes de avanzar con esta reforma y superar las resistencias de aquellos que no quieren que se reforma nada, no por una cuestión de posición teórica sino porque lo que está en juego son beneficios, personas que se benefician con la impunidad de este sistema que favorece, por ejemplo, el intercambio de favores.
–¿Cuál ha sido el resultado de la implementación de este sistema en Salta y Jujuy?
Sí, lo que se ve es una mayor tasa de eficacia, una capacidad de dar mejor respuesta. Para ser gráficos, a nivel nacional, de los casos que ingresan al Ministerio Público Fiscal de cada 100 que ingresan 99 quedan sin respuesta y la duración de las causas, por ejemplo, de los delitos de corrupción roza los 15 años y muchos quedan sin respuesta, archivados.
En Salta, si bien los resultados publicados no son del todo claros, la tasa se ha elevado a 8 %. Respecto de la duración, se ha reducido el plazo y en casos sencillos se ha logrado dar respuesta en semanas o meses. Esto en el resto del país no sucede, hay casos insignificantes o menores que están dando vuelta tres o cuatro años en el sistema y eso implica un desgaste de recursos. Hay mucho que mejorar en Salta y Jujuy a quienes han dejado solos con la implementación pero el funcionamiento es sustancialmente mayor que en el resto del país.
–Decir que solo se resuelven una de cada 100 causas luce catastrófico
Sí, y es el número que confirma esa sensación que tiene la ciudadanía de que la Justicia no le da respuesta a las necesidad que tiene. Y esto es la parte central de lo que está en juego con esta reforma: si queremos un Poder Judicial que garantiza sistemáticamente la impunidad no como un error sino como una forma de funcionamiento estandarizada o si pasamos a ser un sistema que abre las puertas a que el sistema de justicia federal comience a incidir, por ejemplo, en los fenómenos criminales, que explican en el caso de Rosario, buena parte de la violencia que están sufriendo.
