ESCUCHAREl Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) firmó un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia para fortalecer el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes (NNA), que cuentan con el patrocinio de la Defensa Pública y están alojados en el centro socioeducativo Complejo Esperanza.
La firma del convenio estuvo a cargo del presidente del TSJ, Luis Eugenio Angulo, y la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero.
El titular del TSJ destacó la necesidad de estar presente en estos espacios. “La firma de este convenio da cuenta del compromiso de estos dos poderes del Estado -dentro del marco de respeto de sus respectivas competencias- tendientes a generar acciones que fortalezcan la defensa pública haciendo realidad el derecho humano fundamental de acceso a la justicia, entendiendo este concepto en sentido amplio no solo abarcando lo judicial sino también el acceso a derechos básicos como son la educación, salud, identidad y trabajo”, enfatizó Angulo.
Durante su intervención, el presidente del Alto Cuerpo mencionó especialmente el impulso que le dio a las unidades de la defensa pública la vocal Aída Tarditti. Afirmó que ella fue la creadora del proyecto y quien advirtió la necesidad de generar un dispositivo específico en los lugares donde se aloja a personas privadas de su libertad para que puedan recibir asesoramiento de manera directa y clara por personas de la justicia.
Además del titular del TSJ y la ministra de Desarrollo Humano, estuvieron presentes la presidenta del Consejo de la Magistratura de Córdoba y vocal del TSJ, María Marta Cáceres de Bolatti; los defensores públicos Pablo Pupich y Mariano Brusa; la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Julia Reartes; el director del Complejo Esperanza, Antonio Franco; junto con otros funcionarios del Poder Judicial de Córdoba y del Ministerio de Desarrollo Humano.
El convenio -enmarcado en un proyecto del TSJ denominado Fortalecimiento de la Defensa Pública- incluye la creación de una Unidad de Defensa Pública (UDP) en el Complejo Esperanza, dependiente de la Senaf.
La UDP les informará sobre los derechos y deberes que les asisten y realizará una derivación oportuna y efectiva de sus demandas.
