ESCUCHAREstá a cargo del fiscal federal Carlos Gonella. Se busca concentrar las causas simples para que se resuelvan a través de institutos del nuevo sistema procesal penal federal. El objetivo de la dependencia va en línea con la implementación del Código Procesal Acusatorio
El Gobierno de Javier Milei publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia que busca acelerar la implementación del Código Procesal Acusatorio en todo el país.
El decreto le quita a la Comisión Bicameral creada para la implementación del nuevo código la facultad de establecer el cronograma de ejecución del nuevo sistema, que hoy se aplica en sólo algunas provincias.
Esta facultad pasó ahora, por el DNU, a manos del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
El Ministerio de Justicia anunció que la nueva modalidad de implementación del Código estará coordinada con la Corte Suprema, el Poder Judicial, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura y los colegios de abogados.
El nuevo régimen procesal penal, sancionado en 2014, introduce un modelo de justicia oral, ágil y eficaz, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la justicia federal.
La Comisión Bicameral habilitó el nuevo sistema en las provincias de Salta y Jujuy en 2019 pero, luego de ello, el trabajo de implementación se detuvo y no registró nuevos avances.
Según estaba previsto, los siguientes destinos eran Mendoza y Rosario. La idea era que así siguiera inaugurándose en distintos puntos del país hasta llegar a Comodoro Py 2002.
En la Justicia Federal de Córdoba, si bien el sistema acusatorio nunca se aplicó, desde hace tiempo comenzaron a ponerse en práctica algunas reformas en ese sentido.
Así, tras la reanudación de la actividad después de la feria judicial, este año se puso en marcha la Oficina de Medidas Alternativas al Proceso Penal de la ciudad de Córdoba, que – por el término de un año – estará a cargo del fiscal general Carlos Gonella.
La idea de esta dependencia es colaborar con todas las fiscalías federales con asiento en la ciudad de Córdoba y concentrar las causas simples para que se resuelvan a través de institutos del nuevo sistema procesal penal federal.
Como dato, cabe destacar que en las jurisdicciones de Salta y Jujuy donde funciona esta Oficina, siete de cada diez causas, son tramitadas a través de esta vía y resueltas con medidas alternativas.
Consultado por Comercio y Justicia, Gonella precisó que la instauración de esta oficina representa un importante paso hacia la implementación del sistema acusatorio.
En tal sentido, consideró que la justicia federal de Córdoba está preparada y están dadas las condiciones para encarar esta demorada reforma.
Recordó que el Ministerio Público de Córdoba cuenta hoy con un edificio propio, algo esencial para que el sistema acusatorio funcione como la norma prevé. La cercanía física entre las dependencias que deben interactuar facilita el dinamismo y la coordinación que requiere el sistema de organización al que apunta el sistema acusatorio, precisó Gonella.
Pese a todo, el fiscal advirtió que hay otras aristas que deberán analizarse, como por ejemplo, atender a las necesidades de personal en el Ministerio Público atento a las funciones nuevas que les son asignadas con el nuevo Código Procesal.
No obstante, la decisión de agilizar la implementación es considerada como “oportuna” en términos políticos por el funcionario judicial.
La oficina
Según se resolvió por Resolución PGN N° 23, la Oficina de Medidas Alternativas al Proceso Penal está conformada por un auxiliar fiscal y tres agentes y durante este primer año la oficina quedó a cargo de Gonella.
En una segunda etapa, se espera que también las fiscalías del interior de la provincia deriven las causas menos complejas para su tratamiento a esta Oficina.
