ESCUCHAREl fiscal Enrique Aragón los acusó por desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos.
El gremio ATE Córdoba prepara un recurso de apelación en contra de la decisión judicial del fiscal Ernesto de Aragón, que dispuso la elevación a juicio de la causa contra cinco dirigentes piqueteros por los cortes de calles de la protesta realizada a comienzos del mes de abril en la ciudad de Córdoba.
A los imputados se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos.
Los imputados pertenecen a las agrupaciones Polo Obrero, MTR, MST, Libres del Sur, y al gremio ATE Córdoba. Entre ellos se encuentran Emanuel Berardo, del PO, y Federico Giuliani, secretario General de ATE Córdoba.
La Fiscalía consideró que durante la protesta realizada el 5 de abril en la capital cordobesa “existió un plan, ejecutado por estos referentes para producir cortes de manera deliberada e ilegal en diversas calles y rutas de acceso a la ciudad de Córdoba”.
“En ese marco se desoyeron y desobedecieron las directivas policiales que procuraban mantener la libre circulación y se obstaculizó e interrumpió el tráfico vehicular en un punto neurálgico de la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. Esto afectó a los medios de transporte público y privado”, planteó Aragón en su elevación a juicio.
Y agregó: “El argumento de llevar a cabo una protesta, representando intereses de grupos cuyos derechos se entienden vulnerados, no brinda una coraza o salvoconducto para valerse impunemente de medios delictivos como instrumento para visibilizar el reclamo”.
El fiscal fundamentó la acusación en los artículos 45, 194 y 239 del Código Penal.
Repudio
Las entidades gremiales coinciden que de confirmarse la elevación a juicio y de dictarse una eventual condena, Córdoba estaría frente a un peligroso precedente que atentaría contra una serie de derechos constitucionales y tratados internacionales a los que adhiere nuestro país y tienen rango superior a las leyes locales, como los de manifestación, participación y libertad de expresión.
En ese marco, CTA Córdoba repudió en un comunicado de prensa la ofensiva política, judicial y mediática contra los movimientos populares y remarcó que “en lugar de atender la agenda de necesidades que plantean la pobreza, la falta de trabajo, el hambre y la inseguridad, el Gobierno -a través de la Justicia adicta- persiga y procese a los que salimos a la calle para denunciar la crisis económica y social que se lleva puesto los derechos básicos a una vida digna que padece la inmensa mayoría de la población”.
Limitaciones a la protesta
Cabe recordar que en agosto último, la Legislatura de Córdoba modificó los artículos 70, 122, 129 y 135 del Código de Convivencia
Entre otros aspectos, bajo el nombre “Acciones atemorizantes para la ciudadanía o amenazantes para la propiedad pública o privada” se fijaron sanciones de hasta 20 días de trabajo comunitario, multas de hasta 30 Unidades de Multa o arresto de hasta 15 días para quienes tengan una actitud amenazante o intimidante, y “que formaren parte de aglomeraciones de más de tres personas con el objetivo de atemorizar a las personas o causar perjuicios”.
Se fijaron, además, máximas de sanciones en caso de que se incite o convoque por cualquier medio, incluidas las redes sociales, a las aglomeraciones.
