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Por Evangelina Bucari * para Télam
Martín tenía 10 años cuando su proceso de adopción dio marcha atrás y regresó al mismo hogar del que se había ido pocos meses antes, pero con un nuevo abandono a cuestas.
Los fracasos en los procesos de vinculación -cuando las chicas y chicos y la posible familia adoptiva empiezan a conocerse- y durante la guarda -ya en la convivencia- son más frecuentes de lo que se cree.
Fue el eje central de la jornada “Adopción: Procesos Excluyentes. Hacia un compromiso colectivo y federal”, organizada por la Comisión Bicameral Permanente Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes y la ONG Aldeas Infantiles SOS Argentina.
En el panel de apertura, Alejandra Perinetti, directora nacional de la organización, destacó que “los procesos excluyentes se están dando con más frecuencia y que, cuando suceden, el niño es revictimizado porque ya ha sufrido un abandono”. Además, remarcó que es una problemática nacional y que por eso “es necesario un compromiso colectivo y federal”.
María Federica Otero, psicóloga especialista en adopción, subrayó que el foco debe estar en lo cruel de la situación. “No se puede hablar de devoluciones, ya que solo se devuelven objetos, ni tampoco son desvinculaciones, porque no ver más a alguien no significa no tener más esa representación”, aclaró.
Aunque se sabe que aumentaron, no hay a nivel nacional datos sobre la cantidad de niños y adolescentes que pasaron por procesos adoptivos que se truncaron en el camino porque las familias dieron marcha atrás. Por citar un ejemplo de referencia, el año pasado solo en la provincia de Buenos Aires hubo 55 casos.
Desde Aldeas Infantiles realizaron una sistematización y registro de la problemática en sus dispositivos convivenciales en diferentes puntos del país. El resultado permite detectar una tendencia en aumento: desde 2016, la ONG tuvo 40 niños que pasaron por procesos excluyentes, mientras que en lo que va de 2023 ya registró siete.
Respecto a la falta de datos que permitan pensar en políticas públicas, Facundo Hernández, defensor Adjunto Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, adelantó que desde la Defensoría solicitaron colaboración a la Junta Federal de Cortes para reconstruir estadísticas nacionales de la justicia de familia, con un pedido puntual sobre cantidad de causas de adopción iniciadas, sentencias de adopción dictadas, procesos caídos y número de causas en la que se decretó la adopción a personas inscriptas en los registros a aspirantes y a no inscriptas, como sucede en muchas convocatorias públicas.
“Todos los efectores del sistema de protección tenemos que pensar la manera de tener mejores prácticas, porque es la única forma de evitar los procesos excluyentes”, destacó Claudia Portillo, directora del Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de la provincia de Buenos Aires. Llamó a pensar esas prácticas como “una cadena que empieza con los servicios zonales y locales, trabajando bien el agotamiento de las posibilidades de permanencia con familia de origen; sigue con los registros, teniendo mejores y más exhaustivas evaluaciones; los juzgados y los cuerpos técnicos, teniendo mejores intervenciones y en tiempos oportunos”. Una serie de eslabones que, “cuando falla, surgen procesos excluyentes”.
A la falta de articulación, el defensor Adjunto agregó la falta de acompañamiento en el proceso adoptivo. “Los registros seleccionan a los posibles adoptantes, pero en solo ocho provincias hay seguimiento de las guardas y esto nos parece clave”, destacó Hernández. Esas jurisdicciones son Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis, Salta, Rio Negro, Mendoza, La Pampa y Formosa.
Portillo explicó que algunos registros de la provincia de Buenos Aires comenzaron en 2023 a seguir las vinculaciones y egresos de chicos más grandes o con alguna discapacidad, por ejemplo, acompañando a los guardadores adoptivos a los colegios para trabajar la inserción. “Hay que facilitarles las cosas a los postulantes para que puedan poner toda la energía en construir el vínculo”, señaló. Y relató que de los más de 50 procesos excluyentes que tuvieron el año pasado, “la mayoría tiene como centro a niños que tienen más de 10 años”. Portillo lo consideró “un dato para tener en cuenta”, porque “ahí hace falta una apoyatura diferente”.
La directora de Aldeas Infantiles resaltó que el fracaso en las adopciones es multicausal pero prevenible, y que el foco debe estar en evitar el padecimiento de esas niñas y niños. “Implica una brutal violación a sus derechos humanos. Hay que generar los compromisos que se requieren para poder evitarlo”, destacó Perinetti. Sostuvo que es necesario “que las familias conozcan las historias de vida de los niños y las niñas”, así como acompañarlas “en el tránsito a la vinculación” y “tener un plan de vinculación de acuerdo a sus subjetividades”.
A lo largo de la jornada se destacó como clave abordar de manera integral el funcionamiento del sistema de protección en conexión con el Poder Judicial, los registros de adoptantes y el Ministerio Público, para establecer propuestas y compromisos colectivos.
En el antes mencionado caso de Martín -que hoy tiene 16 años y cuyo nombre fue cambiado para preservar su identidad-, su historia tuvo un final feliz y la revancha llegó a los 12 años, con una nueva familia que incluyó varios hermanos, algo que él pedía y no había sido escuchado en ese primer proceso adoptivo excluyente que lo tuvo como protagonista.
(*) Periodista. Licenciada en Comunicación Social de la UNLaM.
