ESCUCHARLa Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia pidió los datos sobre el mecanismo que llevó a Marisa Graham a asumir el cargo, en 2020
La Corte Suprema le ordenó al Congreso de la Nación que brinde toda la información vinculada con el concurso para cubrir el cargo de Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El alto tribunal admitió un reclamo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que citó el derecho acceso a la información pública.
Sin éxito, el Legislativo apelÓ un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ordenó la entrega de aquellos datos, y la Corte confirmó que deberán hacerlo.
La información que pide la ACIJ -que integra el colectivo Infancia en Deuda- es administrada por la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se trata de los exámenes de los participantes que rindieron prueba escrita para el concurso de oposición y antecedentes.
A su turno, la comisión se negó a difundirla, al entender que el pedido “comprometía los derechos e intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial”.
Además, alegó que estaba amparada por el secreto profesional.
Sin embargo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordenó que permitiera “el acceso a copia íntegra de todos los exámenes de los candidatos que rindieron la prueba escrita para el concurso de oposición y antecedentes, del 28 de setiembre de 2018, corregidos y con sus respectivas notas, identificando en cada caso a los postulantes autores de cada uno de ellos”.
Ahora, la comisión tiene 10 días para cumplir el fallo de la Corte.
Adjunto
Cabe recordar que en noviembre de 2020 la ACIJ fue una de las organizaciones de la sociedad civil que le enviaron una nota a la Bicameral para denunciar la “gravísima situación” del organismo tras la renuncia del defensor adjunto Fabián Repetto, que dimitió con una dura misiva y a pocos meses de asumir.
“La Defensoría enfrenta una crisis institucional que exige la priorización en el cumplimiento de las obligaciones referidas con urgencia”, plantearon.
Sumaron que desde que Marisa Graham llegó al puesto de defensora se evidenciaron “fuertes sesgos hacia un uso partidario y discrecional” del área.
Señalaron además que si la situación no se revertía se convertirá en “una Defensoría formalmente en funciones, pero virtualmente incapaz de cumplir su mandato legal en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Las entidades solicitaron que se tomaran medidas para fortalecer la institucionalidad del organismo, garantizar una mayor transparencia y asegurar su correcto funcionamiento en el control y exigencia de las políticas públicas.
Adhirieron a la presentación, entre otros grupos, el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia; el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer.
