ESCUCHAREn el Poder Legislativo, al informar sobre su gestión anual, la defensora del Niño de la Nación indicó que 53% de los infantes del país está bajo la línea de pobreza y que 12,7% es indigente. Adelantó que el área emitirá una carta, con vistas a las elecciones
La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación dio el informe anual de su gestión en el Senado.
Marisa Graham precisó que “hay 53% de niñas, niños y adolescentes bajo la línea de pobreza en la República Argentina”, de los cuales “16,5% con políticas adecuadas podría dejar de ser pobre”, mientras que “con políticas inadecuadas hay un 12,5% que está más cerca de la línea de pobreza”.
Además, indicó que 12,7% es indigente y que “6% estaría cerca, con políticas adecuadas, de poder llegar a la canasta básica”; y agregó que “sin ellas, hay un 7,6% que con políticas inadecuadas o alta inflación, podrían pasar a ser indigentes”.
La funcionaria dijo que en el país la Asignación Universal por Hijo (AUH) es un derecho. “No es ni un programita ni un plan, no se puede retroceder”, afirmó.
Detalló que junto a la Tarjeta Alimentar y al programa “Mil Días” tienen mayor impacto en los menores de 13 años. “Los que peor están son los pibes de entre 15 y 17”, sumó. “De 13 a 17 años hay que encarar una política nacional, provincial y municipal que llegue y convoque a todos los chicos”, añadió.
Aseguró que la defensoría a su cargo continuará insistiendo con que la Tarjeta Alimentar “aumente automáticamente como la AUH”.
“Ya logramos pasar de que cubra a familias con hijos hasta los seis años a que cubra a familias que tienen hijos hasta los 14 años. Pero no bajamos la pretensión de que cubra hasta los 17 años, es el objetivo”, adelantó.
“El impacto de la Tarjeta Alimentar es lo que resuelve o no el tema de la indigencia, que es la pobreza extrema. Esto es comer o no comer”, planteó.
Cabe recordar que, una vez designada, la abogada anunció que el hambre sería un “tema prioritario” de su gestión y recibió “con mucho beneplácito” la implementación de la Tarjeta Alimentar.
En el Congreso, la letrada estimó que 2022 fue el año “de gran consolidación de la Defensoría” en cuanto a su legitimidad y rol; habló de “fortalecimiento institucional” y dijo que “creció mucho” en función de la demanda.
Personal
Afirmó también que tiene mayor conocimiento en el resto de las provincias por el “trabajo federal importante” que hizo. En esa línea, dijo que hay “muchísimo vínculo” con los defensores provinciales.
Entre otras cosas, comunicó que la dependencia elaboró su propio estatuto de personal. “Debe ser el más democrático, igualitario y con todas las perspectivas de derechos humanos”, señaló.
En tanto, anunció que la semana próxima, en la previa de las elecciones presidenciales, la defensoría lanzará un documento sobre “cuáles son los derechos que va a defender” y “los alcanzados en los cuales no vamos a permitir que se retroceda”.
“Es fundamental para todos los candidatos y candidatas”, manifestó.
Sergio Massa
Una de las últimas exposiciones de alto perfil de Graham fue hace casi un año, cuando se presentó ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara Baja del Congreso.
En esa oportunidad, sostuvo que en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) había “partidas faltantes” que impedían que el organismo cumpliera las pautas del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE), los requerimientos que le impone la Ley Brisa y la remuneración para los cuidadores de los centros de desarrollo infantil.
Dijo que la defensoría le cursó una carta al ministro de Economía, Sergio Massa, en la que le expresó su preocupación. “Si el mes que viene ese presupuesto no está, iniciaremos la acción judicial que corresponda, para que la Senaf tenga presupuesto para cumplir con lo mínimo”, manifestó en septiembre de 2022.
Ante la denuncia, el legislador Martín Maquieyra (PRO) reclamó que, con urgencia, Economía cumpliera sus obligaciones e informara cuándo mandaría el fondeo
Incluso, presentó un proyecto de resolución pidiéndole datos al Ejecutivo.
Desmentida
Pese a los dichos de la funcionaria en la sede del Poder Legislativo, la defensoría la desmintió en su cuenta oficial de la red social Twitter. Sobre el actual candidato del Frente de Todos, publicó: “No denunció ni evalúa denunciar”.
“Se le ha enviado una carta y por las inquietudes planteadas concretará prontamente una reunión”, completó.
Las versiones cruzadas sobre la marcha de la defensoría y, en especial, sobre su presupuesto, no son novedad en lo que va de la gestión de Graham.
A fines de octubre de 2020, a menos de seis meses de su nombramiento como defensor adjunto, Fabián Repetto renunció a su cargo con una dura misiva en la cual denunció el “uso partidario y discrecional” del área.
En la carta que le remitió a la por entonces presidente de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Beatriz Mirkin, Repetto expuso que le resultaba imposible continuar trabajando en un organismo “con fuertes sesgos”.
Presupuesto
En seis puntos, Repetto detalló los fundamentos de su decisión. En el primero hizo referencia al presupuesto: cuestionó la difusión, por medio de canales oficiales de la defensoría, de notas periodísticas que informaban de un aumento de 10% y aclaró que la documentación recibida evidenciaba una baja de 2,7% respecto de 2019.
En el segundo cuestionó la “doble vara” que, entendió, en ocasiones dejó plasmada la acción pública de la defensora, quien tuvo “fuerte visibilización comunicacional” ante “criticables situaciones de vulneración de derechos” en algunas jurisdicciones y no fijó postura en “situaciones también dramáticas” que ocurrían en otros lugares.
Repetto estimó que esa dinámica “impidió un análisis nutrido y rico” de la realidad.
En el tercer apartado se refirió al vínculo con las cinco defensorías provinciales preexistentes y sostuvo que la defensora implementó “una lógica de poca apertura al aprendizaje de sus experiencias”, lo que impidió que el conjunto de la institución nacional “corte camino”.
En el cuarto habló de “falta de análisis sistémico y estratégico” y planificación o metas concretas para 2021.
Recursos humanos
En quinto lugar, se refirió a los recursos humanos de la Defensoría y objetó la ausencia de “criterios claros, objetivos y transparentes” de selección.
Alegó que la “construcción” de la institución se estaba llevando a cabo con “pocas islas de excelencia técnica” y “muchos territorios de lealtad personal y falta de perspectiva crítica”.
Por último, en el punto titulado “Éxitos, fracasos y desafíos de la adjuntía”, Repetto estimó que el mayor logro fue “la magnitud y la calidad de la generación de evidencia destinada a informar el posicionamiento público de la Defensora”.
La Coalición Cívica (CC) se hizo eco de la dimisión de Repetto y consideró que profundizó “la crisis de la niñez”.
La CC estimó que la trascendencia de la renuncia de Repetto fincó en los motivos que brindó porque, entre otras anomalías, citó “manejo discrecional y direccionado” del organismo; “pasividad frente a la violación de la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia” y “falta de debate interno”.
Ley Penal
Ayer, al exponer en el Senado, Facundo Hernández, actual adjunto de Graham, citó el impulso de la Defensoría para que se active un protocolo especial en las fuerzas de seguridad nacionales y para que el tema de la salud mental “sea tomado como eje central” por los Ministerios de Salud de la Nación y de las provincias.
“Hay una imperiosa necesidad de modificar la Ley de Régimen Penal Juvenil; tenemos cuestionamientos internacionales y locales de la Corte Suprema por doquier”, apuntó.
El abogado dijo que hay acuerdos con otros organismos para recomendar que “se modifique sin bajar la edad de imputabilidad”.
De planes para educar para el trabajo no se habla. El trabajo es un derecho humano. La burocracia es un robo estatal.