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El sociólogo Aritz Recalde reflexiona sobre la aplicación de la ley de medios en el país. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada el año pasado, puso sobre el tapete las tensiones propias del vínculo entre libertad de empresa y derecho a la palabra.
La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una de las medidas legislativas del ámbito de la cultura más importantes de la historia de la Argentina. La norma promueve la conformación de un proyecto de organización de medios de comunicación que se opone al modelo establecido por el programa neoconservador. Éste fue impuesto y se tornó hegemónico en el sistema institucional argentino, desde el derrocamiento de Juan Perón en el año 1955.
Otra comunicación
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual introduce unos objetivos marcadamente rupturistas en el plano de la cultura liberal, ya que institucionaliza las bases para implementar una comunicación centrada en las actividades no comerciales, promueve un sistema de medios plural que prohíbe los monopolios y que protege y difunde la cultura y las producciones nacionales e independientes. En la historia de la legislación y de la organización de medios en América Latina, solamente es comparable con el proyecto del primer peronismo que sancionó la ley 14.241/53 o con las medidas aplicadas durante el gobierno de Velasco Alvarado en Perú desde el año 1968.
El ímpetu de democratización de la comunicación que introduce la ley de medios se puede definir en torno de la noción de “pluralidad de voces”, que contempla los aspectos fundamentales y que a su vez supera la noción tradicional de “libertad de prensa”. Esta última definición en los hechos implicó otorgar la “libertad” solamente a la prensa concentrada comercial y a los agentes dominantes del mercado. La inexistencia de regulaciones públicas del sistema favoreció la concentración y la extranjerización de las comunicaciones. A partir de aquí, la democratización de la palabra y de la cultura implica un cambio político fundamental, ya que otorga derechos de expresión a un conjunto de actores sociales postergados frente a los factores dominantes.
Medios y poder político
La relación estrecha entre el poder dominante y la comunicación se refleja en el hecho de que los grandes medios que se oponen a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual son los mismos actores que se enfrentan a la democratización de las fuentes de riqueza. Los medios concentrados se han enfrentado, casi sin excepciones, a los gobiernos que se plantean como objetivo fundamental transferir recursos y poder a los trabajadores o a los pequeños y medianos empresarios e industriales nacionales.
La prensa concentrada del país aplicó una férrea tarea de oposición y de hostigamiento a los gobiernos con gran apoyo popular, como es el caso de las gestiones a cargo de Hipólito Yrigoyen, de Juan Domingo Perón y de Cristina Fernández de Kirchner. A partir de lo dicho se puede sostener que la prensa oligopólica actúa siguiendo un parámetro de comportamiento que establece que “cuanto más quiere un pueblo a un gobierno, más lo enfrentan y lo odian los medios de comunicación concentrados”.
La práctica antidemocrática y atentatoria de los intereses nacionales aplicada por la prensa concentrada fue denunciada por Yrigoyen en el año 1909, cuando sostuvo que “A pesar de tener a su servicio todos los gobiernos y sus extensas ramificaciones, más las facciones aventureras que merodean en torno de ellos, la prensa asalariada, mercantil y desleal a la fe y a la gratitud pública, y las oposiciones, que siendo sólo por exclusión, apenas se las llama, concluyen siempre por tomar asiento en el banquete de los triunfos contra la patria”. Sus palabras del año 1909 fueron proféticas y en el momento en que Hipólito avanzaba en acciones como la sanción de la ley de nacionalización de los hidrocarburos, la de 8 horas de trabajo o la fijación de precios máximos, la oligarquía y el capital trasnacional se aliaron con los diarios La Nación y La Prensa para aplicar el golpe de estado de 1930. No sería el único radical hostigado por la prensa y también lo vivió en carne propia Arturo Illia, quien sufrió las operaciones de Mariano Grondona en “Primera Plana”, que apoyó el golpe militar de 1966. Lo mismo le ocurrió a Ricardo Alfonsín quien, refiriéndose a las agresiones recibidas por parte de Clarín, sostuvo que “Si el pueblo de la Nación fuera lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros”.
Otro de los dirigentes sentados en el banquillo de supuesto “tirano” y que fue atacado a capa y espada por la prensa concentrada fue Juan Domingo Perón, quien refiriéndose a los vínculos entre los diarios y la política estableció que “Hoy no es un secreto para nadie que muchos consorcios y cadenas de diarios no son sino empresas comerciales que venden papel escrito como se venden cosméticos o artículos de ferretería. (…) si desde un diario se puede hacer un chantaje a una persona, desde esa organización se lo puede hacer a toda una nación. (…) Cuando se habla de “opiniones independientes” de los grandes diarios con insistencia sospechosa, en numerosos órganos de distintos países, puede individualizarse perfectamente la organización del monopolio que abarca el “trust” de publicidad dirigido por las grandes centrales de los países”.
Atendiendo las complejas relaciones históricas entre la democracia y los medios de comunicación concentrados, es innegable que de la efectiva y correcta aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales va a depender el futuro y la calidad de nuestros sistemas de representación de gobierno. Arturo Jauretche lo comprendió cabalmente cuando sostuvo que (…) “la solución democrática consistirá en sustituir la libertad de empresa periodística o radiotelefónica, que es la libertad de los grupos plutocráticos para hacer su prensa o su radio e impedir otra, por la libertad de prensa sólo lograble cuando ella no tenga que depender de los grupos capitalistas”.
