ESCUCHARLa iniciativa obtuvo media sanción en abril. Entre los cambios, se prevé la creación de un registro de activos virtuales y se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF
La Cámara de Senadores comenzará a analizar hoy el proyecto de ley que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva.
El proyecto sobre prevención y persecución de lavado de activos, que es impulsado por el Poder Ejecutivo y fue aprobado en la Cámara de Diputados a mediados de abril de este año, tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley Nº 25246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo y la creación de un registro de activos virtuales.
La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y el país debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
La iniciativa convierte la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
En ese sentido, se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y debe detectar eventuales operaciones sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.
De acuerdo con el dictamen de mayoría aprobado en Diputados, la UIF podrá solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.
Los sujetos obligados de un reporte de operación sospechosa, de una declaración voluntaria o del intercambio de información con organismos análogos extranjeros, no podrán oponer UIF los secretos bancario, fiscal, bursátil ni profesional ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
En cuanto a la pena para el lavado contemplada en el Código Penal se aumentó la pena de $300.000 a $8,6 millones y en el futuro se establecerá como unidad de medida de actualización el salario mínimo vital y móvil.
Uno de los temas de mayor debate fue la incorporación de los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas; en ese sentido se estableció que no lo deberán hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación.
El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17.30 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo y contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía, de la UIF y de la CNV. En principio, fueron invitados a participar el titular de la Secretaría Legal y Administrativa del Palacio de Hacienda, Ricardo Casal; el titular de la UIF, Juan Carlos Otero; y el director de la CNV, Martín Breinlinger.
