ESCUCHARLa ola de descontento impactó. La coalición gobernante anunció que la iniciativa ahora prevé menor representación gubernamental en el Comité de Selección Judicial, el organismo que nombra a los magistrados
En Israel, tras dos meses de protestas ciudadanas y de acaloradas críticas de la oposición, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que moderará su propuesta de reforma del sistema judicial.
Lo hizo mientras el país pasa por momentos de agitación social y política luego de las masivas manifestaciones.
El Gobierno de coalición emitió una declaración que detalla varios cambios a la versión original de la iniciativa presentada el 4 de enero pasado; entre ellos, la nueva redacción prevé menos representantes gubernamentales de los que propuso originalmente en el Comité de Selección Judicial, el organismo que nombra a los jueces.
En tanto, se decidió retrasar el trámite legislativo del texto.
Netanyahu instó a los opositores a refrendar la reforma y a ponerles fin a sus convocatorias a más protestas.
Oposición
El líder de la oposición, el ex primer ministro Yair Lapid, aseguró que las modificaciones no son sustanciales. “La propuesta más reciente de la coalición es un borrador para la toma hostil del sistema judicial”, dijo.
El proyecto de reforma le da influencia decisiva al Ejecutivo en la selección de los jueces. También limita el poder de la Corte Suprema para anular leyes o sentenciar en contra del Gobierno.
Economía
La economía de Israel, motorizada por los sectores de tecnología y defensa, ya acusa recibo de las tensiones que generó.
En febrero pasado, 56 economistas de universidades de Estados Unidos (entre ellos, 11 Premios Nobel) le advirtieron a Netanyahu que “minar un poder judicial fuerte e independiente” es perjudicial para la democracia y “para la prosperidad económica y el crecimiento”.
Hace unos días, más de 250 inversores estadounidenses le transmitieron al primer ministro su “profunda consternación” por la reforma y sugirieron que podrían retirar fondos del país, si se sanciona.
Por su parte, el gobernador del Banco de Israel, Amir Yaron, la calificó como “apresurada”.
Entrevistado por la cadena estadounidense CNN, Yaron afirmó que carece de consenso y que podría debilitar la independencia de la institución que dirige y motivar una fuga de cerebros.
Por lo pronto, las agencias internacionales de calificación crediticia Moody´s y Fitch mantienen a Israel en la nota A1 (media-alta) y siguen previendo un horizonte económico positivo. Sin embargo, advierten que si la crisis se torna crónica o la iniciativa sale adelante podrían generar una “presión a la baja” en las puntuaciones.
El proyecto de reforma judicial se impulsó en un momento delicado para las empresas emergentes. La guerra en Ucrania y la consiguiente subida de tipos de interés mermó la financiación.
El Centro de Investigación IVC, que -con sede en Tel Aviv- hace seguimiento de los datos del sector, calculaba ya antes de las manifestaciones que este año habría unos 6.000 millones de dólares en inversión, lejos de los 26.000 millones de 2021.
El colapso del Silicon Valley Bank, que protagonizó la mayor caída de un banco desde la de Lehman Brothers, en 2008, también podría afectar la marcha de la poderosa industria de las start-up israelita.
La entidad se especializaba en financiar emergentes tecnológicas y para muchas pequeñas y medianas en Israel era su único o principal banco en Estados Unidos.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, montó un equipo para seguir los acontecimientos y Netanyahu subrayó que Israel tiene “una de las economías más seguras y estables del mundo”.
Defensa
Uno de los intereses más críticos que podría verse afectado por la reforma judicial es el vínculo con Estados Unidos, vital para la defensa del país desde su creación, en 1948.
El presidente norteamericano Joe Biden le expresó al diario The New York Times la necesidad de que el consenso sea la base sobre la cual implementar cualquier cambio fundamental en Israel.
Referentes del Partido Republicano también fijaron posición. Michael Bloomberg, el ex alcalde de Nueva York y candidato presidencial, alertó en una carta sobre el perjuicio económico que el cambio del sistema de Justicia podría representar para Israel y alegó que los inversores huyen de los países con sistemas legales débiles.
El conocido abogado constitucionalista Alan Dershowitz, defensor de Israel en foros internacionales, dijo en una entrevista que si la reforma se aprueba su trabajo se tornaría mucho más difícil.
Pugna
Por el momento, las partes en pugna no llegan a acuerdos.
Netanyahu definió a los manifestantes como anarquistas que buscan el caos y su ministro de Seguridad Nacional los acusó de querer matar a funcionarios del gobierno.
En ese contexto, con el país dividido, el presidente de Israel, Isaac Herzog, se vio obligado a intervenir.
Si bien la suya es una figura fundamentalmente ceremonial, el cargo conlleva prestigio y presentó una reforma judicial de consenso. “No hay misiles, ni alarmas, ni alertas rojas pero todos sabemos que esto es un peligro nacional supremo,” dijo.
La semana pasada, el gobierno de Netanyahu rechazó su planteo y no modificó su proyecto, que avanzaba en la Knesset, el Parlamento israelí.
Controversia
La mayor controversia gira en torno a dos modificaciones fundamentales de las normas actuales. Una se refiere al sistema por el cual se eligen los jueces de la Corte. En la actualidad son seleccionados por un comité en el que tienen el mismo peso el voto del magistrados en actividad, abogados y políticos.
El gobierno propuso un cambio en ese balance de poder para que la política tuviera una mayoría automática, aunque ahora mermó su peso.
La otra busca recortar el poder de la Corte Suprema para derribar una ley del Parlamento en caso de considerarla violatoria de derechos constitucionales. Si, por ejemplo, el Congreso israelí aprobara una norma discriminatoria contra la población árabe o la comunidad LGTBQ, la Corte vería prácticamente eliminado su poder para dejarla sin efecto.
Netanyahu y su ministro de Justicia, Yariv Levin, acusan a la Corte de tener un “rol activista” y alegan que es necesario equilibrar su influencia.
Pese a ello, las encuestas del Israel Democracy Institute reportan que el alto tribunal ocupa el tercer lugar como institución de mayor prestigio en el país.
La coalición gobernante argumenta que las reformas no son inusuales en democracias liberales de Occidente, a lo cual juristas de renombre, como Yshai Blank, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tel Aviv, responden que las comparaciones no son válidas dadas las características de la organización democrática del país.
Israel carece de muchos de los controles y contrapesos de otras sociedades occidentales. Para empezar, no tiene una Constitución, ni un sistema federal ni elecciones regionales.
Blank entiende que Israel podría estar ante lo que denomina un “momento constitucional”; es decir, una oportunidad de establecer un nuevo contrato social y redactar una carta de derechos que incluso mejore el estado de situación actual.
