ESCUCHARLegisladores del PRO, de la UCR y de la CC plantean que el magistrado fue “por lo menos gravemente negligente” al hablar ante la comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, en circunstancias que exigían “un altísimo grado de prudencia”
“No se plantea aquí que la conducta haya sido necesariamente dolosa; es decir, netamente subsumible al tipo previsto en el artículo 275 del Código Penal. Ello será materia de dilucidación, en su caso, por ante la justicia criminal. No obstante, no cabe duda de que el magistrado fue por lo menos gravemente negligente en su declaración, que resulta objetivamente falsa, y que fue formulada en circunstancias que exigían un altísimo grado de prudencia”.
Con esa aclaración, Pablo Tonelli (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC-ARI) denunciaron ante el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) al juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, por “mal desempeño en sus funciones y faltas disciplinarias múltiples y reiteradas, por haber ofrecido un testimonio objetivamente falso ante la Comisión de Juicio Político”.
Cabe recordar que el oficialismo en ese cuerpo legislativo impuso su mayoría para rechazar el planteo de la oposición en contra el magistrado tras la reunión del 23 de febrero pasado.
Audiencia
En la audiencia hablaron Ramos Padilla y Sebastián Ramos.
Como subrogante, Ramos archivó una denuncia por los supuestos chats filtrados entre Silvio Robles, funcionario la Corte, y el ministro de porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro. Lo hizo siguiendo un dictamen del fiscal Carlos Stornelli.
Ramos pidió que se lo relevara de declarar sobre puntos que están el fallo que suscribió. “No me voy a mover ni una palabra de la resolución”, dijo.
En tanto, sostuvo que no tenía relación ni con Robles ni con D’Alessandro.
Tras la declaración, los legisladores del kirchnerismo en la comisión impusieron su mayoría y decidieron citar a Sotornelli.
En tanto, Ramos Padilla, quien se declaró incompetente y envió a Comodoro Py una denuncia similar contra Robles y D’Alessandro, denunció que la Justicia federal está “infiltrada” por servicios de inteligencia y que se realizan tareas de espionaje ilegal en connivencia con magistrados.
También citó una causa contra Stornelli que investigó cuando era juez federal de Dolores y terminó hablando de supuesto espionaje ilegal contra los “presos políticos” del kirchnerismo -entre ellos, Amado Boudou- condenado por corrupción.
Ramos Padilla dijo que durante la Administración del ex presidente Mauricio Macri “se usó el espionaje ilegal” en operaciones “que se montaron para hacer persecución política en el penal de Ezeiza”.
Luego, vía comunicado, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) criticó la citación de judiciales como testigos ante la Comisión de Juicio Político “para ser interpelados por la procedencia o pertinencia de resoluciones o dictámenes que oportunamente ellos emitieran en causas judiciales que se encuentran en trámite”.
La entidad agregó que las medidas se agravan porque se dan en el marco de un proceso “ajeno a sus personas”, en el cual se analiza el enjuiciamiento de los ministros de la Corte.
En el documento que difundió, la AFFUN resaltó que las decisiones que tomaron jueces y fiscales ya están sometidas a controles recursivos y administrativos y recordó que hay un procedimiento “específico y diferente” para el cuestionamiento del desempeño de los magistrados.
“La citación en carácter de testigos, exigiendo que los fiscales declaren bajo juramento sobre su propio proceder o sobre cuestiones inherentes a las partes de una causa no solo pueden traer aparejadas violaciones de garantías constitucionales básicas, sino que también pueden interpretarse como perturbaciones al ejercicio de sus funciones, afectando la seguridad jurídica de un Estado Democrático”, sostuvo el grupo.
Bajo esa premisa, les pidió “a las autoridades parlamentarias en cuestión” que obren con “la mayor prudencia posible”; ello así, en atención a la gravedad institucional de los temas que deben tratar y “para evitar cualquier interpretación de injerencia indebida en perjuicio del principio de separación de poderes, que prohíbe asumir a los otros poderes del Estado, de manera indirecta, funciones jurisdiccionales”.
“Este llamado de atención en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial; por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en el artículo 120 de la CN y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio”, completó.
La AFFUN no fue la primera entidad que se pronunció sobre la citación de funcionarios judiciales para que declaren como testigos.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional manifestó que no corresponde explicar fallos.
“Tanto como no es función de los magistrados pronunciarnos acerca de la forma en que desempeñan sus funciones los poderes legislativos y ejecutivos, rechazamos cualquier intento de ellos de atribuirse facultades que no les corresponden”, afirmó la asociación.
“Ni los fiscales deben explicar sus dictámenes a las señoras y señores diputadas y diputados de la Nación ni los jueces sus decisiones”, sumó.
Paralelamente, resaltó que para las partes existen las herramientas recursivas correspondientes y también, eventualmente, las disciplinarias.
Mesura y decoro
Ahora, los diputados Tonelli, Negri y López consideran que Ramos Padilla hizo manifestaciones que “constituyen una clara falta a la consideración y respeto debidos a otros magistrados”, así como un supuesto de “falta de mesura y decoro en su función”.
Sobre esa base, reclamaron que “de comprobarse las conductas” se proceda a la destitución o, a la aplicación de una sanción disciplinaria.
Resaltaron que “mencionó de forma reiterada” al diputado Tonelli y que le atribuyó “conductas que jamás existieron”.
“Comenzó el testigo por afirmar que tuvo ‘un juicio político abierto durante dos años’, lo cual no es cierto”, postularon.
Entre otras codas, recordaron que la investigación contra Ramos Padilla comenzó el 15 de marzo de 2019 y concluyó el 5 de junio de 2020, por lo que duró sólo un año y tres meses, y que como la denuncia fue desestimada, tanto por la comisión como por el pleno del CMN “nunca hubo ni declaración de admisibilidad o imputación en el ámbito de la comisión, ni acusación formal ni un mucho menos un verdadero ‘juicio’, ‘juicio político’, o ‘enjuiciamiento’ a los que se refieren la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes”.
“Lo que es especialmente falso es que “el diputado Tonelli haya impulsado esa denuncia, investigación o proceso. Y como es obvio, una falsedad mucho más grave es, entonces, afirmar que ese inexistente impulso haya tenido fundamento en las ‘escuchas’ o ‘conversaciones telefónicas’”, precisaron.
También criticaron que se refiera a procesados o condenados por corrupción como “presos políticos”.
