ESCUCHAREl kirchnerismo continúa su cruzada mística contra la inflación, apelando a recetas insuficientes y precientíficas para reducir la escalada de los precios. Contra todo lo que dicta la teoría económica, pero disfrazándolo de “heterodoxia”, el equipo de Sergio Massa y Matías Tombolini recurre a recetas erradas para contener la inflación.
Esta vez le llegó el turno a un hipermercado Jumbo de la localidad bonaerense de San Martín, que fue clausurado tras un operativo que detectó irregularidades en el programa Precios Justos e infracciones a normas municipales.
La Secretaría de Comercio y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Municipio de San Martín llevaron adelante un operativo tras la recepción de reiterados reportes de incumplimientos en dicha sucursal, denunciados a través de la aplicación móvil de Precios Justos.
La aplicación es uno de los pilares sobre los que se basó el anuncio de Massa al lanzar el programa, una posibilidad de fiscalización ciudadana sobre los precios artificiales que el gobierno pretende que se respeten. Hay que recordar que la meta del ministro para el programa era de alrededor del 4% mensual, lo que desde noviembre debería haber significado poco más del 12% de inflación. Sin embargo, los números oficiales indican que el acumulado desde entonces es de casi el 17%, lo que dificulta el mantenimiento de los precios acordados, porque toda la estructura de costos se modifica.
Durante las verificaciones, se registraron infracciones vinculadas a faltantes de mercadería y stock, así como la ausencia de señalización de los productos que forman parte de dicho programa. Como resultado del alto nivel de incumplimiento del supermercado, los verificadores procedieron a labrar las actas correspondientes.
Hay que recordar que los precios no son una decisión arbitraria, sino que son la forma en la que se expresa una determinada combinación de costos. Si se pretende mantener un precio artificialmente bajo, la consecuencia lógica de ello es el desabastecimiento, tal como este tipo de políticas dejaron en evidencia en países como Venezuela -de manera grave- o la misma Argentina, donde es habitual encontrar carteles que limitan la cantidad de productos que puede adquirir una persona.
