ESCUCHAREl oficialismo impulsa una iniciativa que le da el control del espacio aéreo al Ejercito. Las concesiones a las Fuerzas Armadas son una constante desde que Andrés Manuel López Obrador, antes crítico de medidas similares, llegó al poder
La semana pasada, la Cámara de Diputados de México aprobó una iniciativa impulsada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que le da el control del espacio aéreo al Ejercito y agrava el debate sobre la militarización del país.
El texto que comenzará a discutir el Senado fue presentado en abril de 2022 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Plantea aprovechar la capacidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para canalizar los recursos humanos, tecnología y materiales y propone crear tres organismos nuevos en materia de vigilancia y protección del espacio aéreo.
Aunque están formados por las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Marina; Hacienda y Crédito Público y Defensa Nacional, el proyecto indica que el Ejército mexicano coordinará la participación de todas las demás dependencias.
La oposición sostiene que, si la norma que busca sancionar el oficialismo pasa el filtro del Senado, se concretará una concesión más al Ejército, que profundizará su presencia en la vida civil y se intensificará la militarización de la seguridad, que comenzó hace poco más de una década.
Hace unos días, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en Diputados, sostuvo que dejarle la vigilancia del espacio aéreo al Ejército representa un nuevo paso para “desmontar la capacidad civil del Estado mexicano”.
En una entrevista radial, el político dijo que con la autorización del gobierno federal se va a crear “una compañía aérea militarizada” y dio por hecho que estará vinculada “al tema del cabotaje”.
“La manera en la que pretenden que las fuerzas armadas sigan ocupando espacios de la vida pública de México es absolutamente desleal”, añadió, y aseguró que MC no apoyará la reforma.
“No puedes afilar el hacha al verdugo”, advirtió sobre las facultades que están ganando las Fuerzas Armadas.
Partidos
La bancada de Movimiento Ciudadano criticó a otros espacios, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por apoyar la aprobación de las leyes de Seguridad Interior y de Prisión Preventiva Oficiosa, entre otras, y la militarización del espacio aéreo.
La tendencia de la militarización en México comenzó en 2011, con Felipe Calderón al frente del gobierno federal.
Álvarez Máynez estima que todo se generó cuando se catalogó al problema del narcotráfico en “términos bélicos” y a partir de un “enemigo real pero ficcionado”.
Según el opositor, es una estrategia que consiste en “inventar enemigos para justificar la expansión de las Fuerzas Armadas en el Estado” y recordó que en México hay un incremento de la impunidad y la violencia, que definió como “ brutal”.
“Se inventan enemigos. No recuerdo amenaza que haya dado pie a esto”, remarcó, y estimó que las decisiones se basan “en escenarios hipotéticos”.
El legislador precisó que la ampliación de tareas para el Ejército y de la Marina siguió durante el mandato de Enrique Peña Nieto y que en lo que va de la administración del morenista todo se intensificó.
Otros miembros Movimiento Ciudadano manifestaron que el gobierno que comanda López Obrador militarizó todo aunque sus referentes se quejaron durante años de las decisiones en la misma sintonía que tomaron Calderón y Peña Nieto.
ONU
Cabe recordar que en noviembre del año pasado se publicó el decreto que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de México hasta 2028, para que participen en tareas de seguridad pública, hasta que la denominada Guardia Nacional (GN) desarrolle su estructura.
Según la norma, será “una participación regulada” y con “estricto apego al orden jurídico”.
Un par de meses antes, mientras el Senado analizaba la medida, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró su recelo.
Emitió una serie de recomendaciones y señaló que la política de seguridad debe diseñarse con apego a los principios internacionales de derechos humanos, además de garantizar el carácter civil de las instituciones.
La oficina de la ONU indicó que su inquietud por los planes del oficialismo y sus aliados se basa en lo que consistentemente manifestaron los mecanismos internacionales de DDHH desde hace un cuarto se sigo sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En ese sentido, recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada ya instó al Estado mexicano a “abandonar el enfoque militarizado”.
“Desde 1998 se han emitido más de 30 recomendaciones por distintos órganos internacionales que retoman los casos del uso excesivo de la fuerza por parte de personal militar, lo que representa una grave amenaza para los derechos humanos”, sumó.
“Preocupan profundamente estas reformas que son contrarias a nuestras recomendaciones anteriores a México sobre el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública”, cerró el organismo.
Por lo pronto, según encentas que se difundieron en octubre de 2022, tres de cada cuatro mexicanos apoya que el Ejército siga actuando como una suerte de policía.
No obstante, hay debates en los medios sobre los riesgos de la militarización y el tema tensa los vínculos entre los partidos de oposición.
La aprobación ciudadana se extiende también a las numerosas concesiones que el gobierno López Obrador hizo a las Fuerzas Armadas, como la gestión de aduanas y aeropuertos.
La salida de los militares de los cuarteles fue iniciada en 2006 por el presidente panista Calderón, inaugurando la llamada “guerra contra el narco”. Durante sus años en la oposición, López Obrador fue uno de los mayores críticos de la estrategia, pero cambió de opinión tras llegar a la presidencia y fue el primer mandatario que la blindó con una ley.
Delitos
A la fecha, aunque el discurso del oficialismo mexicano habla de una merma de homicidios y secuestros, un informe de Human Rights Watch (HRW) difundido hace un mes consigna que los delitos violentos llegaron a “picos históricos” durante la gestión del morenista.
Ademas, indica que los niveles de impunidad se mantienen altos, con apenas uno por ciento de los casos resueltos.
El grupo aclaró que aunque las autoridades suelen atribuirle el flagelo al acciones de carteles delictivos, la mayoría de los ilícitos no se investigan y no se identifica ni se enjuicia a los responsables.
Desde que asumió la presidencia, a finales de 2018, López Obrador presenta informes oficiales que reportan caídas importantes en los crímenes; en especial, contra la vida.
Con base en ello, el mandatario pregona el éxito de su política de “abrazos y no balazos”.
En diciembre del año pasado, el subsecretario de Seguridad mexicano, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que los asesinatos están a la baja, con “una disminución muy relevante” en noviembre, el mes, dijo, “con menos homicidios dolosos en los últimos seis años”.
No obstante, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) muestran que el país sigue estancado en altos niveles de violencia.
El Inegi reportó que México registró 35.625 homicidios en 2021, una cifra similar a la de 2020, y que aunque la tasa se redujo de 29 a 28 cada 100 mil habitantes, la violencia sigue instalada. El informe de HRW denuncia que las políticas de seguridad del Gobierno no solo no lograron frenarla sino que también pueden incurrir en graves violaciones a los derechos humanos.
“Policías, fiscales y soldados utilizan habitualmente la tortura para obtener confesiones y cometen otros abusos contra personas señaladas por delitos. El sistema de justicia no asegura las garantías de debido proceso”, alertó el organismo, que critica la constante militarización de la seguridad.
“Es habitual que policías, fiscales y soldados usen la tortura para obtener información y confesiones. En la encuesta más reciente a personas encarceladas que realizó el organismo oficial de estadísticas en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados señaló que policías o soldados los habían sometido a abusos físicos. Entre quienes habían confesado algún delito, el 38% manifestó haberlo hecho solo porque las autoridades los habían golpeado o amenazado”, expuso HRW.
También recordó que las estadísticas suman un alto número de desaparecidos: al menos 105 personas.
“Casi 90 mil han desaparecido desde el comienzo de la ‘guerra’ contra el crimen organizado en 2006. Más de 36 mil personas desaparecieron desde que López Obrador asumió la presidencia”, advirtió HRW.
La ONG reiteró que activistas y periodistas son masacrados y recordó que México es uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de derechos humanos y periodistas; especialmente, para los que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos.
Artículo 19, una organización que vela por la seguridad de los periodistas, registró en la primera mitad de 2022 al menos 331 amenazas, ataques y otras formas de agresión y sostuvo que por ello muchos se autocensuran.
Según HRW, las autoridades no investigan adecuadamente esos delitos.
