ESCUCHAREl funcionario paraguayo recibió dos disparos en mayo pasado, mientras estaba de luna de miel en Colombia. Uno de los sicarios fue detenido recientemente en Venezuela. La IAP ya reclamó varias veces que se garantice la seguridad de los investigadores -en especial, de los que llevan pesquisas por crimen organizado- y de sus allegados
A casi ocho meses del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, de 45 años, uno de los integrantes de la banda de sicarios que concretó el homicidio fue detenido en Venezuela, en el municipio de Chacao, que integra el área metropolitana de Caracas.
Se trata del venezolano de 28 años Gabriel Salinas, quien habría transportado en una moto acuática al encargado de dispararle a Pecci.
Según la información que difundieron medios venezolanos, Salinas se transportaba en auto por una avenida, en una exclusiva zona de Chacao, cuando fue abordado por las autoridades. Con él viajaba un ciudadano colombiano identificado como Carlos Gómez (31).
El director de la Policía Nacional de Colombia, general Henry Sanabria -recientemente designado-, afirmó que Salinas sería partícipe del asesinato como coautor.
Sanabria indicó que por lo pronto no será extraditado a Colombia “por cuestiones constitucionales de Venezuela” y que será procesado penalmente allí, a petición del “país agraviado”; es decir, Paraguay.
El 10 de mayo, sicarios asesinaron a Pecci en una playa de la isla de Barú, Colombia, durante su luna de miel.
Ante lo sucedido, la Asociación Internacional de Fiscales (IAP, por sus siglas en inglés) exigió más protección para los agentes que trabajan en pesquisas por crimen organizado.
Bandas
Pecci, especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, investigó las operatorias de bandas de Brasil y de lavado de dinero en la Triple Frontera (Paraguay, Brasil y Argentina).
Una de sus pesquisas más importantes involucraba al Primeiro Comando da Capital (PCC), de Brasil, uno de los grupos mafiosos más poderosos de Sudamérica.
También estuvo a cargo de las actuaciones por el secuestro y asesinato, en 2005, de la hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999).
Captura
Tras la captura del conductor del jet ski que -supuestamente- transportó a los asesinos de Pecci, el abogado que representa a su familia en Colombia denunció que tanto ella como él, al igual que la fiscal del caso ante la Justicia paraguaya, están recibiendo intimidaciones.
En una entrevista para la emisora Caracol Radio, Francisco Bernate aseguró a todos les llegan mensajes en sus redes sociales con fotografías de los lugares que visitan, para hacerles saber que los están siguiendo.
Calificó los acercamientos como “llamativos”. Pidió más medidas de protección y que se les permita asistir remotamente a las audiencias por la pesquisa en curso.
“Acudimos a organismos nacionales e internacionales que esperamos se pronuncien en las próximas horas sobre la necesidad de unas medidas de protección”, anunció Bernate, quien celebró la detención de Salinas, que implica que todos los actores materiales del crimen ya están tras las rejas.
Recompensas
Bernate estimó que el sistema de recompensas a cambio de información está dando resultado y que “la justicia internacional no ha olvidado el caso”. Además, dijo que tiene esperanzas de que Salinas decida colaborar para dar con todos los autores intelectuales del homicidio.
En tanto, pese a los dichos del ex director General de la Policía Nacional, Sanabria, el letrado planteó sus expectativas sobre la extradición de Salinas a Colombia gracias al “restablecimiento de relaciones con el régimen” (por Venezuela).
Salinas pertenecería a una organización transnacional dedicada al sicariato y a otras actividades delictivas en varios países de Latinoamérica.
Destinos
Desde que comenzó a instruir el expediente, la Dirección de Investigación Judicial (Dijin) estableció que Salinas huyó inmediatamente después del asesinato a cuatro destinos posibles: Venezuela, Panamá, Ecuador o Perú.
Por eso, emitió una notificación azul a la Interpol, para localizarlo.
Cabe precisar que la Dijin (antes llamada Dirección Central de Policía Judicial) funciona bajo la órbita de la Policía Nacional de Colombia e investiga por iniciativa propia o por disposición de la Fiscalía General de la Nación.
El Estado colombiano le pedirá al gobierno venezolano que a Salinas se le imputen homicidio agravado y tráfico de armas y municiones agravado. Los otros implicados en el asesinato son Cristian Monsalve, Eiverson Arrieta Zabaleta, Wendre Still Scott Carrillo y Marisol Londoño Bedoya, quienes ya fueron condenados el pasado 17 de junio por un juez de Cartagena 47 años de prisión. Sin embargo, gracias a un preacuerdo con la fiscalía, la sentencia fue rebajada a 23 años y seis meses.
Letal
El ataque letal al funcionario fue perpetrado desde una moto acuática. Still Scott Carrillo fue el pistolero; Arrieta Zabaleta, el encargado del transporte y la logística, y Londoño Bedoya y su hijo, Monsalve, siguieron a Pecci y a su esposa, la periodista Claudia Aguilera Quintana, quien estaba embarazada cuando lo mataron.
Por su parte, Francisco Correa Galeano es sindicado como autor intelectual y está a la espera del juicio de rigor.
En la acusación contra Correa Galeano se afirma que llamó 32 veces a Salinas.
Riesgos
En octubre pasado, en un seminario organizado por autoridades de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los ministerios públicos de ambas jurisdicciones y el FBI de Estados Unidos, con el auspicio de la Asociación Argentina de Fiscales y de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la República Argentina, se abordaron buenas prácticas para incrementar la seguridad personal de los agentes.
Se destacaron los riesgos que afrontan quienes llevan adelante investigaciones contra organizaciones criminales; en especial, a partir de los recientes atentados y amenazas contra funcionarios del país y de la región.
También se discutieron medidas para incrementar y prevenir situaciones de peligro o exposición y atender a eventuales emergencias.
Los expositores destacaron la relevancia institucional del tema para garantizar el normal desempeño de los agentes.
El asesinato de Pecci generó advertencias por la seguridad de los funcionarios.
A horas del hecho y por medio de un comunicado en el que lamentó lo sucedido, la IAP les exigió a las autoridades gubernamentales una mayor protección para los agentes que trabajan en pesquisas que involucran el accionar del crimen organizado.
La IAP es la única organización mundial de fiscales, autoridades y asociaciones. Abarca seis continentes y más de 175 jurisdicciones y representa a más de 200 mil agentes.
Apolítica y no gubernamental, goza de carácter consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y defiende los derechos de los fiscales, lo que incluye su seguridad personal y la de sus familias.
Las normas para la protección y la seguridad de los procuradores de la IAP establecen que “los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que los fiscales y sus familias reciban por parte de las autoridades la protección de su integridad física cuando su seguridad personal se vea amenazada como resultado del correcto desempeño de sus funciones”.
Además, instan a los Estados a proporcionarles toda la protección necesaria “en su domicilio o en sus viajes”, algo que aplicaba a Pecci.
Su asesinato puso el foco en la seguridad de los fiscales y sus familias y la IAP hizo un llamado para que se revise la efectividad de las disposiciones actuales, se analice cómo pueden reforzarse y se haga “todo lo posible para garantizar los más altos niveles de protección”.
“Para que los fiscales puedan cumplir con éxito su mandato defendiendo el Estado de derecho, llevando a los delincuentes ante la justicia y contribuyendo a que las comunidades sean seguras, ellos mismos deben ser adecuadamente protegidos en todo momento”, resaltó el grupo.
