ESCUCHARHay consenso político en cuanto a la necesidad de avanzar con el proyecto, que contempla la creación de 13 nuevas fiscalías y seis juzgados de Garantías en distintas ciudades. Para Rosario, plantea la necesidad de que haya otros seis magistrados de Revisión y dos de Ejecución. Según un informe de 2020, de las causas ligadas a drogas en el país 21% se tramita en esa jurisdicción
Para analizar el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe, en el marco del auge de la narcocriminalidad en esa provincia, la Comisión de Justicia de la Cámara Baja recibió a jueces, fiscales y especialistas
Hay consenso político en cuanto a la necesidad de avanzar con el proyecto y se conformó una mesa de trabajo para, según informó la comisión, “fortalecer” y “apuntalar” la Justicia federal.
Cabe destacar que la estructura judicial en Santa Fe está casi sin cambios desde hace más de 30 años, pese a que el grueso de los delitos relacionados con drogas es complejo, grave y dispara variedad de consecuencias. Lo propio sucede con la trata de personas.
Entre otras medidas, el texto que analizó la Comisión de Justicia contempla la creación de 13 nuevas fiscalías y seis juzgados de Garantías en distintas ciudades. Para Rosario, plantea la necesidad de que haya otros seis magistrados de Revisión y dos de Ejecución.
En la reunión, el diputado Juan Martín (UCR) mostró datos sobre el panorama que enfrenta la jurisdicción gobernada por el peronista Omar Perotti y precisó que, según un informe de 2020, de las causas ligadas a drogas en el país 21% se tramita en Santa Fe, y la media provincial de homicidios duplica la nacional.
“Llegamos tarde, es un problema que debe la política y las instituciones de la democracia en general”, dijo Martín.
Aníbal Pineda, juez federal en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, intervino como orador.
Valoró que lo que está en discusión son “las reglas del juego de la democracia y del Estado de derecho”.
Bajo esa premisa, pidió que todos los poderes actúen con fortaleza y coordinadamente.
“Desde hace 10 años se triplica la media nacional de homicidios. Este año hasta se podría cuadruplicar. Eso significa que hay una constante de 20 o 21 homicidios cada 100 mil habitantes en la zona de Rosario; 75% se genera en disputas territoriales del narcotráfico”, aportó.
Luego, el juez titular a cargo del Juzgado Federal de Venado Tuerto, con competencia múltiple, Aurelio Cuello Murúa, sostuvo: “La legislación penal asumió el compromiso de tipificar nuevas formas de criminalidad organizada, responde a compromisos internacionales asumidos por nuestro país y a la aparición de nuevos fenómenos criminales de alta relevancia social”. El funcionario resaltó que, tal como rezan los fundamentos de la iniciativa, se impone organizar recursos para tener investigaciones más dinámicas.
Cuello Murúa afirmó que se trata de “un punto central” porque “con la instauración del sistema acusatorio, quien tiene la dirección de la investigación es el fiscal federal”.
Recursos
“Es correcto crear más fiscalías federales pero creo que los fiscales van a necesitar de recursos y medios necesarios para impulsar sus investigaciones”, advirtió.
En sentido similar se manifestó el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 rosarino, Ricardo Moisés Vásquez. “Si los jueces federales vamos a andar paseando por todas las jurisdicciones y no contamos con todo a disposición para realizar audiencias con celeridad y regularidad, si no completamos el sistema con cargos de forma rápida, esto no funcionará”, opinó.
Además, alertó sobre que aunque la ley es indispensable, no será la solución al problema del narcotráfico en Rosario.
Por su parte, Federico Reynares Solari, fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, pidió “músculo investigativo”. En esa línea, reclamó más laboratorios de investigación y dotación de expertos.
Reynares Solari agregó que “los cuadros” que puede elegir el Ministerio Público Fiscal (MPF) tienen una “certificación institucional” de la que carece el Poder Judicial.
“En el MPF hay un mecanismo institucional que garantiza el piso de idoneidad”, resaltó.
Al hacer uso de la palabra, el juez de primera instancia de distrito en lo Penal de la Justicia ordinaria de la Provincia Román Pablo Lanzón, estimó que lo más destacable del proyecto de ley es que fue firmado por todas las fuerzas que representan “el poder político partidario de Santa Fe”.
“Hay un fuerte compromiso de quienes nos representan para avanzar firmemente hacia la implementación del sistema acusatorio previsto en el Código Procesal Penal Federal. Esto es muy importante porque el sistema procesal penal que rige hoy en la Justicia federal es arcaico, es deficiente e inconstitucional”, añadió.
La Corte
En mayo pasado, con duros conceptos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, inauguró el debate sobre juzgamiento de hechos de narcotráfico, que se llevó a cabo en Rosario -ciudad castigada por el delito, con récord de muertes relativas al flagelo, en lo que va del año- que reunió a jueces federales de todo el país.
“Voy a hablar de derecho pero no sólo de derecho, porque para enfrentar el narcotráfico con eficacia hay que hablar de algo más. Hay que hablar de la necesaria decisión política para enfrentarlo, de la existencia de un Estado cohesionado con recursos inteligentemente utilizados y de una sociedad comprometida”, comenzó argumentando el supremo.
Enfatizó que la decisión política para combatir el ilícito no debe limitarse a la etapa anterior a su comisión ni a la represiva, sino que tiene que abarcar factores previos que exceden el derecho y el sistema de juzgamiento.
En esa línea, ponderó que se debe comenzar “con el sistema cultural, educativo y económico”.
“Lo primero que hay que pensar, y sobre lo que hay que actuar, es en desincentivar las condiciones de surgimiento y progreso del narcotráfico”, afirmó.
Rosatti expuso que ello no ocurrió en Argentina, o que no se hizo con la eficacia necesaria, y juzgó que es imprescindible dar también una “batalla cultural y educativa” que “reivindique la cultura del trabajo y del respeto por el prójimo, y que procure activamente la inclusión social”.
En cuanto al Estado cohesionado, dijo que debe ser horizontal (entre los tres poderes) y vertical (Nación, provincias, CABA y municipios). “Desde el punto de vista jurisdiccional, necesitamos tener una visión global compartida porque estamos transitando una etapa de heterogeneidad funcional”, planteó, y recordó que en algunas provincias hay sistema acusatorio y en otras no, y que lo propio sucede con el desdoblamiento jurisdiccional entre narcomenudeo y crimen organizado.
“Frente a esta heterogeneidad, sea temporaria o sea definitiva -según el tema-, es imprescindible un tablero de control unificado que no nos conduzca hacia un hermetismo unitario sino hacia un federalismo inteligente”, ponderó.
“No creo que el federalismo sea un obstáculo, creo que es un aliado porque nos da pluralidad de actores y de posibles abordajes”, opinó, pero aclaró que ello se puede convertir en un problema si no se actúa coordinadamente.
Entre otros pedidos, solicitó que se cubran las vacantes existentes “con los magistrados más idóneos y comprometidos”. “No se puede proclamar que se quiere combatir la delincuencia y demorar la designación de jueces”, sentenció.
En tanto, les reclamó a los poderes públicos competentes que protejan a los jueces, a los fiscales y a sus familias. “Sabemos que la generación y administración del miedo, sumado a la infiltración en distintos sectores de la comunidad, constituyen estrategias propias del crimen organizado”, subrayó.
Paralelamente, estimó que ante el narcotráfico no hay neutralidad posible. “Todo aquel que tiene representatividad y responsabilidad debe saber que, cuando se enfrenta un problema de la magnitud del que nos convoca, la indiferencia no es neutralidad sino complicidad”, disparó.
Previamente al encuentro, su colega Ricardo Lorenzetti criticó la política judicial del Gobierno nacional, en general, y fustigó el desempeño del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, en particular. “No vemos ninguna gestión hasta ahora. No hay ninguna propuesta concreta, de manera que la Corte está haciendo lo que hizo siempre”, dijo con relación al trabajo del funcionario, en una entrevista.
En otro tramo de la entrevista, al ser consultado sobre la existencia de conversaciones entre el Máximo Tribunal y el Poder Ejecutivo, Lorenzetti precisó: “No hay una política judicial concreta que habilite el diálogo”.
