ESCUCHARPor Carmen Mallía / Mediadora – Licenciada en Letras
Como integrante del equipo de trabajo de Conflicto Público que se dicta en la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (Dimarc), coordinado por las mediadoras docentes Alejandra Ruiz y Sonia Zilberberg, trataré de dar un sintético panorama de los contenidos que allí trabajamos práctica y técnicamente, con el propósito de abordar la conflictividad social propendiendo a las prácticas pacíficas de la construcción de ciudadanía.
Con tal enfoque, procuramos hacer nuestro aporte trabajando en la obtención de consensos y contribuyendo a construir una cultura de la paz, que requiere de un proceso personal y social, más allá de dar una solución a un conflicto, lograr el tratamiento de repensar prácticas que procuren cambiar los patrones culturales que dieron origen a la situación conflictiva y a las reacciones frente a ella, protagonizadas aparentemente por minorías activas.
Para ello, hemos considerado procesos de orientación y contención, mediación y facilitación, la Matriz de Análisis del Conflicto de Entelman y la Entrevista Social previa a la constitución en Redes Sociales, que tiene como finalidad realizar una primera evaluación de la situación planteada para identificar cuál es el problema y qué necesita/n la/s persona/s. La Entrevista es una herramienta que nos permite discernir si el conflicto es mediable o no.
En la búsqueda de “puentes” de comunicación que logren la participación y el consenso, abordamos el trabajo en Redes Sociales. Una de sus funciones es actuar como regulador y controlador social, en aquellas interacciones que recuerdan y refuerzan responsabilidades y roles, neutralizando las desviaciones del comportamiento que se apartan de las expectativas colectivas y permiten una disipación de la frustración y la violencia, favoreciendo la solución de conflictos. La red social no debe ser significada como una organización burocrática sino como un sistema en el cual se opera mediante la vinculación y relación entre sus componentes, con objetivos comunes que hagan emerger del anonimato la voluntad social mediante comportamientos de cooperación y reciprocidad. Al decir de Arendt, “El ser humano que carece de la facultad de acción pública se verá sometido al poder de los que definen los fines colectivos y los medios para alcanzarlos”.
El uso de las redes sociales en comunidades virtuales, considerada como instrumento de utilidad para la canalización de la protesta, también permite el rol activo del mediador. Estas redes cumplen la función de ser puente entre organizaciones barriales, comunidades educativas, religiosas, extranjeras o simplemente ciudadanía, que necesitan ser escuchadas en sus reclamos, y los organismos que detentan el poder. Es decir, permiten la visibilización de muchos sectores que, de no ser por ellas, no tendrían voz ni espacio, ni se posicionarán en el escenario público urbano. Así, frente a actos de rutina producidos por medios digitales, conocidos como cyberprotestas, el mediador puede prevenir el conflicto tomando la información en una lectura imparcial y con la función de identificar actores tanto grupales como individuales, sondear posturas y diseñar futuras acciones a seguir.
En nuestra sociedad coexisten en el escenario social conflictos públicos de diversa índole que, lejos de encontrar un canal de desactivación, hacen crecer el descontento, incrementan la violencia y alimentan en el inconsciente colectivo la representación social de minorías activas que luchan por sus derechos mientras son reprimidas por fuerzas de seguridad generándose, en ocasiones, verdaderas batallas urbanas.
El Estado aparece dando respuestas que, lejos de promover el diálogo, van poniendo verdaderos parches dilatorios a una problemática cuya virulencia se va potenciando y tornan dificultosas las conversaciones entre partes. Alejandro Nató expresa, al respecto: “Tiene mucho que ver con la cultura de ver ‘quién manda’ o ‘quién tiene más poder’. Estas cosas conspiran con el reconocimiento, con el respeto, la incorporación del otro como un legítimo otro”.
Es prioridad en la agenda estatal contribuir a la pacificación social y a la calidad de vida de los ciudadanos defendiendo el interés colectivo. De ahí que se impone incorporar mecanismos que les den participación a terceros facilitadores del diálogo que preceda a la judicialización; a equipos de intervención que cuenten con recursos para proponer y aportar instancias de diálogo y acuerdos en cuestiones en que el bien general se vea alterado.
Si el Estado no se ocupa de políticas públicas que den protagonismo a la negociación, facilitación, mediación y métodos especializados en resolver conflictos para la construcción de consensos, el papel del Estado, que debe estar consustanciado con la necesidad de coexistir sin conflictos violentos, va a quedar asociado a la falta de sensibilidad social y a prácticas que no favorecen la cultura de la pacificación democrática.
Bibliografía: 1) Nató, Alejandro; Rodríguez Querejazu, Ma. Gabriela, Mediación comunitaria, Ed. Universidad, 2006. 2) Rodríguez Querejazu, Ma. Gabriela, “La Mediación Comunitaria y la salud social”-II Seminario Internacional. Herramientas para trabajar en mediación. Experiencias comparadas entre Argentina y España. Nuevos desafíos”. 8 de febrero de 2012.
