La historia de Natalia

A todos mis colegas mediadores les voy a hacer una pregunta: ¿qué hacen Uds. en una mediación familiar cuando uno de los padres manifiesta que el hijo/a quiere ser escuchado dentro del proceso de mediación? Este hijo es menor de edad pero con la suficiente capacidad para expresar claramente por qué pide ser escuchado. ¿Gran dilema, no? Nuestros recursos son limitados, no tenemos equipos técnicos, la resolución del problema no se agota sólo en la negociación con los progenitores, los abogados defienden a sus clientes, más allá si desde el sentido común resulta razonable la postura o no. Todo esto nos pasó con Natalia, una adolescente de 13 años, quien, mientras manteníamos un Zoom con su mamá y su papá y los abogados de ambos, apareció frente a la cámara de la computadora de su papá y nos exigió “ser escuchada”. La abogada de la mamá exclamó con vehemencia que ella no podía serlo dentro del proceso de mediación porque era menor de edad; el papá le pedía a Natalia que se retirara y ella manifestaba que de ninguna manera iba a salir de esa audiencia virtual sin que las mediadoras escucharan su relato. 

Esto fue en una mediación virtual en el contexto de la pandemia. O sea, partes y mediadores cada uno en su casa, sin ese plus que da la presencialidad de rápidamente poder hacer una audiencia privada. Así, las mediadoras decidieron escuchar a Natalia, quien expresó que lo suyo era sentido como una cuestión de justicia, un planteo ético, porque sus padres habían hecho un acuerdo cuando ella tenía 6 años y nada tenía que ver con su realidad actual. Según aquel antiguo convenio, la residencia principal de la menor era la casa de su mamá, cosa que no sucedía en los últimos tres años ya que desde entonces vivía en el domicilio del papá, teniendo escaso o casi nulo contacto con su mamá. Ella quería que se redactara un nuevo acuerdo que dijera esto: “que ella vivía desde los 10 años con su papá, que ésa era su residencia principal y que había sido su elección esta decisión, a lo cual la progenitora no se había opuesto”. Hacía aproximadamente un año y medio que se había interpuesto el incidente, que fue remitido a mediación por el tribunal pertinente. Aquí estábamos sin solución a la vista porque la mamá y su abogada se negaban a firmar un nuevo acuerdo que contuviera esta modificación, ya que otro elemento determinante era que el papá, temeroso de un embargo en sus haberes, seguía cumpliendo con la cuota alimentaria que le transfería a la progenitora pero encargándose él de todos los gastos de la hija: colegio, vestimenta, deportes, entretenimientos, etcétera. O sea, el dinero que recibía la mamá no solventaba ningún gasto de Natalia. 

Los mediadores sólo contamos con la comprensión de las partes para arribar a un acuerdo, podemos hacerles ver las posibilidades de éxito o fracaso de una futura gestión judicial, diferentes matices dentro de una negociación, pero nunca podemos presionar para la firma de un acuerdo que ellos no comparten. La abogada de la mamá mantenía una férrea negativa, imposible de sortear, aun con el argumento de que lo que manifestaba la hija era la verdad y todos nosotros cómplices de la mentira de que ella vivía con su progenitora.  Fue determinante la postura de Natalia, quien le exigió a la letrada de su papá que le consiguiera una entrevista con la jueza de la causa. Así como la letrada de la mamá no concedió ninguna chance de negociación, la del papá solicitó insistentemente ante los tribunales de Familia que la adolescente fuera escuchada. Pidió, tramitó, exigió una audiencia al tribunal que había derivado la causa a mediación y finalmente un representante complementario de las asesorías de Familia mantuvo una larga entrevista con Natalia. Fue fundamental la presencia de este profesional, quien no sólo se permitió conocer a esta adolescente sino también comparecer en la última reunión de Zoom que mantuvimos. 

En este encuentro la mamá y su abogada continuaron negándose a realizar un nuevo acuerdo escrito que expresara que la hija vivía con su padre; no se oponían a esta realidad pero no aceptaban firmarlo, ante lo cual el representante legal de Natalia manifestó que no había problemas que se negaran a un nuevo acuerdo, que sería firmado por él y que esto ya había sido hablado con la jueza en cuyo juzgado estaba radicada la causa, quien lo homologaría aun sin la aprobación de la mamá. Dicho esto, todas las partes -ambos progenitores, por supuesto también la mamá, abogados, representante legal de Natalia y mediadores- firmamos el acuerdo que lo único que reflejaba era la verdad de lo que venía sucediendo desde hacía tres años: la residencia principal de Natalia era la vivienda de su papá. Nada se dijo de esa cuota que recibía la progenitora ni de la larga charla que había mantenido Natalia con su representante legal; pero, como dice la teoría de los sistemas, “sólo hace falta que se modifique un elemento para que se modifique el sistema”; y nuestra reflexión como mediadores: ¿cuántos más representantes legales hacen falta para que jóvenes que tienen algo para decir puedan ser escuchados sin tanto trámite?

* Mediadora, licenciada en comunicación social