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La Justicia admitió un amparo y sugirió la pronta implementación de medios alternativos al encarcelamiento cautelar
Al admitir un hábeas corpus presentado por la defensora oficial de Mar del Plata, la Cámara Penal y de Garantías de la ciudad advirtió sobre las graves condiciones de detención de los reclusos de la cárcel de Batán. Así, le exigió al Ministerio de Justicia bonaerense que en el plazo de 180 días restrinja nuevos ingresos.
El tribunal citó la doctrina fijada por la Corte en “Verbitsky” y recordó su vigencia.
En ese antencedente, el Máximo Tribunal fijó los estándares de protección de los derechos de las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires.
En la sentencia se detalló que Batán tiene una superpoblación de 51%, mucho mayor que los niveles detectados en otros penales. Además, se subrayaron deficiencias en higiene, condiciones edilicias, calefacción, abrigo de cama y provisión de agua caliente y luz eléctrica.
Exigencia operativa
La Cámara sostuvo que el hábeas corpus correctivo resultaba el mecanismo procesal idóneo tendiente a hacer cesar e impedir que el encierro siguiera registrando condiciones ilegítimas e inadecuadas y enfatizó que el trato humanitario “no constituye sólo un programa a plazo indefinido, una guía o un proyecto, sino que es una exigencia ineludible y operativa” que “se traduce en un deber inexcusable y que se suma al conjunto de condiciones jurídicas y materiales para que la privación de libertad pueda considerarse legítima”.
En esa dirección, resaltó que el Estado no puede materializar medidas de encierro de cualquier manera, ya que si no cumple determinadas condiciones de trato y alojamiento, la privación de libertad se torna ilegítima. Además, en el fallo se mencionó el último informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos en la Argentina, en donde se marcó como hecho negativo la situación de los condenados en varias ciudades del país.
En tanto, la Cámara le sugirió al Ministerio de Justicia provincial que implemente con mayor extensión la posibilidad de medios alternativos al encarcelamiento cautelar, tales como el uso de brazaletes, pulseras o medios similares de control y monitoreo electrónico a fin de resolver el problema de la superpoblación.
