El Departamento de Justicia de Estados Unidos le informó al gobierno nacional que la Corte del Distrito de Columbia pidió incautar el avión venezolano-iraní que está retenido en Ezeiza desde el 8 de junio.
El 19 de julio, aquel tribunal emitió una orden judicial alegando que la nave puede ser confiscada por haber violado las leyes de control de exportaciones locales, por la transferencia no autorizada de la aeronave de Mahan Air, una aerolínea vinculada al grupo terrorista Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y a las Fuerzas Quds, a Emtrasur, la firma de carga subsidiaria de Conviasa, la empresa estatal venezolana.
Según el Departamento de Justicia, desde 2008 el Departamento de Comercio renueva todos los años un veto sobre Mahan Air para involucrarse en cualquier tipo de transacción relacionada con commodities exportados desde EEUU.
Precisó que en octubre de 2021 la aerolínea iraní violó la prohibición cuando pasó al control de Emtrasur sin la autorización del gobierno de Joe Biden y que las transgresiones se profundizaron cuando entre febrero y mayo de 2022 aquella compañía permitió que la nave volara desde Caracas a Teherán y Moscú.
Otro de los argumentos para el pedido es lo ocurrido en Argentina a partir de junio.
La investigación sobre la tripulación -cinco iraníes y 14 venezolanos- determinó que el piloto es un ex comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán y miembro del directorio de la aerolínea iraní Fars Air Qeshm.
En 2011, EEUU sancionó a Mahan Air por brindar apoyo material a las Fuerzas Quds e hizo lo mismo en 2019 con Fars Air Qeshm.
Cabe recordar que el celular secuestrado en la habitación 304 del hotel donde se alojaba el piloto Gholamreza Ghasemi se hallaron capturas de pantallas, videos e imágenes de armas y dirigentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y de las Fuerzas Quds, entre otros elementos.
El informe sobre el dispositivo figura en el decisorio del juez Federico Villena que mantuvo vigente la prohibición de salida del país para siete de los 19 tripulantes del avión.