Referentes del arco opositor elogiaron en sus cuentas de redes sociales el primer tramo del alegato del fiscal federal Diego Luciani en la causa “Vialidad”, por el direccionamiento de obra pública a favor de empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
La fundadora de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió destacó el discurso del funcionario y recordó que su partido denunció el caso en 2008, tras cuatro años de investigación.
El presidente de aquella fuerza, Maximiliano Ferraro, afirmó que el fiscal fue “contundente” y estimó su planteo “corrobora la asociación ilícita y latrocinio kirchnerista que denunció Elisa Carrió en 2008 con nombre y apellido”.
“La verdad y las pruebas a la vista, ahora necesitamos condena”, agregó.
En tanto, el jefe del de bloque de diputados nacionales de la CC, Juan Manuel López, posteó: “En Comodoro Py está llegando a su fin la causa más importante de corrupción de la historia de nuestro país”.
Por su parte, el ex secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, escribió: “Finalmente se corre el telón y se confirma lo que sabíamos: no hay lawfare, sino hechos probados, y no hubo persecución mediática ni política”.
“Nace un nuevo tiempo en Argentina”, agregó.
El diputado nacional del PRO Waldo Wolff aseveró que luego de que la justicia revisara “cada hoja de las 51 licitaciones” entregadas a Báez se supo que todo se trató de “una maquinaria puesta al servicio del robo”.
Su par en la Cámara Baja Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), escribió: “Mis respetos al coraje del fiscal Luciani, que ha decidido enfrentarse a la mafia kirchnerista, por la justicia y por la Patria”.
En la misma línea, la diputada nacional por Avanza Libertad Carolina Píparo twitteó: “La corrupción causó este devastador presente y nos sigue robando el futuro. ¡La corrupción mata! Hoy tenemos la firme esperanza de que haya condena para quienes se creyeron impunes por siempre. Mi admiración al fiscal Luciani por su labor y coraje. Otra Argentina es posible”.
La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio) también se pronunció. “La historia no absuelve a nadie, la que absuelve es la justicia. En una Argentina que se desangra, es reparador ver que llegó el juicio y que hay personas en el Poder Judicial dispuestas a hacer su trabajo sin importar quién esté en el banquillo”, indicó en el mensaje que compartió en su cuenta de Twitter.
María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), consideró que el hecho de que Fernández de Kirchner esté sentada en el Senado “degrada” las instituciones.
Ramiro Guelar, ex embajador argentino en China entre 2015 y 2019, expresó: “Hoy, el Fiscal Diego Luciani empezara a hacer historia”.
Entre otras duras acusaciones, el agente afirmó que Néstor Kirchner, primero, y Cristina Fernández de Kirchner, después, “instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”.
Luciani comenzó a hablar a las 8:45 ante el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py. Primero hizo un resumen de la prueba que sustentará su acusación por lo que definió como “una asociación ilícita de características singulares” que funcionó entre 2003 y 2015 y que, según adelantó, irá describiendo a los largo de las nueve audiencias.
Mostró prueba desconocida hasta la fecha, como mensajes de whatsapp del celular del ex secretario de Obras Públicas José López de los que, entendió, surge la orden de la por entonces presidenta Fernández de Kirchner para que a Báez se le pagara lo que se le adeudada por las obras públicas en Santa Cruz pocos días antes de dejar el gobierno.
El agente dijo que fueron 537 millones de pesos por obras que no se iban a terminar. Lo llamó “plan limpiar todo”.
Luciani criticó a los abogados de la UIF que pidieron la absolución de la ex jefa de estado Kirchner y de los principales acusados y consideró que el alegato de los letrados fue “temerario, poco serio e irresponsable” y que tergiversó “de manera grosera el sentido de la prueba”.
“Esperamos que los funcionarios públicos se expresen con responsabilidad. Si la UIF fue querellante era esperable que si absolvía explicara porque descartó la cantidad de prueba”, señaló.
“Este MPF tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios”, expuso.
El fiscal le puso fecha al inicio de la maniobra criminal: mayo de 2003, cuando Báez creó Austral Construcciones, casi en paralelo a la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación.
“El anterior trabajo de Báez fue el de cajero de un banco. Una persona que nunca había incursionado en el rubro empresarial, de manera intempestiva, creó una constructoraque luego se iba a quedar con todas las compañías constructoras de Santa Cruz”, enfatizó.
En el juicio -que comenzó en mayo de 2019- se investigan irregularidades en 51 obras públicas. El fiscal expuso que hubo sobreprecios, falta de capacidad técnica, licitaciones amañadas y pago total de trabajos sin terminar, entre otras anomalías.
Reseñó que las compañías de Báez recibieron el 78 por ciento de las obras que de 2003 a 2015 se adjudicaron a Santa Cruz y que solo tres (que no eran viales) fueron finalizadas en tiempo y forma. “Solo 27 de las 51 fueron culminadas, de las cuales 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados”, preció. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonados, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, describió.