ESCUCHAREl fiscal federal Ramiro González impulsó ante el juez Ariel Lijo una investigación para determinar si hubo delito en la puesta en marcha del plan que implementó el ex secretario de Comercio Interior Roberto Feletti junto a tres empresas para intentar bajar el precio de la harina e influir en el costo de los productos que se fabrican con el insumo.
El caso se generó por una denuncia presentada por diputados de la Coalición Cívica, que plantearon que “se trató de un subsidio dirigido a una sola compañía molinera”.
También alegaron que la operatoria de ese fideicomiso podría implicar la posible comisión de delitos de defraudación contra la administración pública y lavado de activos.
Cabe recordar que el 22 de mayo pasado, Feletti renunció a la Secretaria de Comercio Interior en desacuerdo con la política de control de precios del Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán. Meses antes, en marzo, Feletti impulsó el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, un mecanismo establecido por el Gobierno para “desacoplar los precios del mercado interno de la volatilidad que presentan a nivel internacional”, sobre todo después de la invasión rusa a Ucrania.
Las diputadas nacionales Marcela Campagnoli y Victoria Borrego y el legislador provincial Luciano Bugallo denunciaron la medida en Comodoro Py. “Ciertos molinos habrían sido beneficiados con la inyección de fondos del Estado Nacional para disminuir el valor de mercado del insumo sin cumplir con los requisitos de elegibilidad previsto para ser considerados destinatarios de los desembolsos conforme la documentación que debe analizar la unidad Ejecutiva, acorde lo previsto en el contrato de fideicomiso y su manual operativo”, plantearon.
En tanto, expusieron que los beneficiarios del fideicomiso fueron las empresas Molinos Cañuelas SACTFIA y Molinos Florencia SAU, ambas controladas por la Compañía Argentina de Granos SA.
Los denunciantes alegaron que Molinos Cañuelas SACTFIA por entonces se encontraba en concurso preventivo de acreedores, en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial de 6° Nominación de Río Cuarto, Córdoba, y que su pasivo superaría los $31.000 millones.
Para los denunciantes, el 80% del dinero abonado a través del fideicomiso (unos $1.098.951.866,38) habría sido transferido a la cuenta corriente que Molinos Cañuelas tiene en el Banco Supervielle, en detrimento de otros molinos, cuyo único propósito habría sido limitar el precio al que se deben vender las bolsas de harina, generando un perjuicio económico en violación de las reglas de competencia.
En cuanto a la firma Molinos Florencia SAU, indicaron que también fue beneficiada con el desembolso de sumas millonarias.
Ahora, el fiscal González pidió citar a declarar a los denunciantes, para que ratifiquen y aporten más información, y que se le reclamen a la Secretaría de Comercio Interior la resolución en cuestión, las actuaciones anexas, el registro de los beneficiarios y los comprobantes que reflejen las transferencias bancarias que se hubieren efectuado.
También solicitó copia del expediente de Molinos Cañuelas para saber quiénes son los acreedores del concurso y que se les pida a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación que indiquen si realizaron informes sobre la creación e implementación del fideicomiso.
