Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia rechazó todos los planteos formulados por la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio “Vialidad”, por la concesión irregular de obra pública, que seguirá su curso.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti descartaron la configuración de gravedad institucional y los pedidos de la defensa de la ex presidenta de anular el debate.
Así, seguirá sentada en el banquillo, acusada se de ser la jefa de una asociación ilícita que hizo negociados con medio centenar de obras cedidas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
Así, el juicio -el primero en el que es juzgada la ex presidente- no se modifica y el 11 de julio el Tribunal Oral Federal 2 iniciará los alegatos.
La Corte estableció que el letrado de la encartada no justificaron la gravedad institucional que invocaron y aclaró que el hecho de que se trate de un juicio que involucra a una alta funcionaria pública nacional no los relevaba de hacerlo. “No es posible pensar que cualquier decisión adversa que se adopte en procesos donde estén implicados funcionarios de tal naturaleza exija, por esa sola circunstancia, la intervención de esta Corte”, señaló al respecto.
El Alto Tribunal resolvió tres planteos que la defensa, a Alberto Beraldi, hizo contra el juicio. El primero, porque el Tribunal Oral no aceptó toda la prueba que propuso la defensa; el segundo por la intervención en el caso de la Sala IV de Casación Federal,y el tercero porque entendía que el caso ya había sido investigado y cerrado por la justicia de Santa Cruz.
Sobre la primera apelación, la Corte determinó que el rechazo de prueba no ponía fin a la causa y que los jueces del Tribunal Oral también objetaron medidas que pidieron otras partes del juicio. “Los agravios en cuestión se tornan hipotéticos y conjeturales, y su tratamiento, por prematuro, improcedente”, estimó.
Si bien Beraldi sostuvo que había gravedad institucional, la Corte afirmó que si se invoca esa doctrina el interesado tiene una particular carga justificatoria. “Los planteos de la recurrente no cuentan con un desarrollo suficiente con relación a la existencia de un interés que exceda el individual de la parte y afecte de manera directa al de la comunidad o el funcionamiento de las instituciones básicas de la Nación”, argumentó, y añadió que la defensa no demostró que su asistida esté ante una situación de privación de justicia sin posibilidad de reparación ulterior.
En el proceso se juzgan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de su esposa para la provincia de Santa Cruz.
Además de la vice y de Báez están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex funcionario de Planificación Carlos Kirchner -primo del ex presidente-, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz del área de vialidad.
El juicio se reanudará el lunes próximo, cuando los magistrados resuelvan qué prueba se incorpora por lectura. Luego, el 11 de julio se inician los alegatos. Primero será el turno de la Unidad de Información Financiera (UIF). Después le correspondía a la Oficina Anticorrupción (OA), pero renunció a la querella.
Las dos últimas semanas de julio hablará el fiscal Luciani y después las defensas.
La expectativa es que antes de fin de año los jueces den a conocer su veredicto.
