ESCUCHARLa semana pasada, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó un fallo de la Cámara Federal y ordenó investigar al procurador del Tesoro, Carlos Zaninni; a la fiscal Gabriela Boquin y al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, por sus intervenciones en la causa de la quiebra de Correo Argentino SA-.
La causa en la cual se pronunció la Casación comenzó en 2020 con una presentación de Socma Americana, la empresa de la familia Macri, que denunció la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y alteración de un sistema informático.
A su turno, el juez Sebastián Casanello archivó el expediente por inexistencia de delito. En agosto del año pasado, con la disidencia de Martín Irurzun, los magistrados Roberto Boico y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal, ratificaron el decisorio.
“Ante la ausencia de posibles conductas ilícitas por parte de funcionarios públicos, no corresponde a este fuero criminal federal emitir opinión ni ejercer jurisdicción en asuntos que exceden su competencia”, expresaron los autores del voto mayoritario.
Sin embargo, la Casación hizo lugar al recurso que presentó Correo Argentino y reabrió la pesquisa, al entender que hay medidas de prueba pendientes que podrían aportar “elementos conducentes para la investigación”; entre ellas, el pedido a la Justicia comercial del expediente del concurso, que la Procuración General informe si hay sumarios iniciados contra Boquin y que se disponga un cruce de las llamadas entre la agente, Zannini, Nissen y la ex procuradora General, Alejandra Gils Carbó. Ahora, Socma le reclamó a Casanello que se investiguen las comunicaciones entre todos ellos por su rol en la causa por la quiebra de Correo Argentino SA.
Las novedades se enmarcan en la trama judicial involucran a la empresa de la familia del ex presidente Mauricio Macri, que incluye actuaciones en el fuero Mercantil (que dictó y suspendió la falencia de Correo Argentino), en los tribunales de Retiro (por el derrotero del acuerdo al que se arribó durante el anterior gobierno) y en la Justicia en lo contencioso-administrativo (en la que la empresa le reclama al Estado por haberse quedado con sus activos durante el kirchnerismo).
En la causa comercial, mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Zannini solicitó que se active la quiebra, que quedó en suspenso a principios de mes cuando la Cámara en lo Comercial, por mayoría, dispuso que antes de continuar el trámite se debe resolver si es de apelación la máxima instancia porteña.
