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Cada día, y de manera más fuerte, se escuchan voces que reclaman a nuestras autoridades que se ocupen de los problemas que afectan a los argentinos, dejando de lado de una buena vez las discusiones de internas y proyectos individuales de poder que no son prioritarios en las preocupaciones cotidianas.
En una sociedad donde la inflación, los problemas económicos, la inseguridad, la educación, la pobreza, la falta de empleo nos desbordan, increíblemente muchos se dedican a candidaturas futuras, de cómo ganar espacios de poder, de pelearse con extraños y propios, así como de otras tantas otras trivialidades, que no hacen más que generar irritación en la sociedad.
Los problemas reales del país pasan por otro lado y la gente lo tiene más que claro, a nivel de ideas o de piel. Uno de ellos, que reiteradamente hemos tratado aquí, es el problema de la droga en general y del narcotráfico en particular. Si vemos lo que sucede con el accionar del crimen organizado, fundamentalmente en la ciudad de Rosario, y la falta de reacción oficial, el tema parece ser, al menos en los últimos años, ajeno a la agenda de los funcionarios.
Sin embargo, en los últimos días, ha ocurrido algo que -esperamos- marque el inicio de un camino que haga que quienes nos gobiernan enfrenten de una buena vez este tema. Nos referimos a lo sucedido en el encuentro nacional sobre narcotráfico celebrado en Rosario. Reunión que tuvo como objetivo definir líneas de actuación en torno a la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.
Esta actividad, desarrollada en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), conto con la participación en pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscó ser un mensaje de preocupación del Poder Judicial Federal por el tema. Vale recordar que, además de los miembros de la Corte, también estuvieron presentes el procurador General de la Nación (interino), Eduardo Casal, y más de un centenar de magistrados de diferentes jurisdicciones y fueros. A los que hay que sumar el gobernador de Santa Fe, el intendente de Rosario, los consejeros de la Magistratura de la Nación entre otras autoridades.
En el encuentro, realizado en una ciudad sitiada por el accionar del crimen organizado, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sostuvo que “la decisión política de los tres poderes del Estado es fundamental” para enfrentar al narcotráfico, y planteó la necesidad de dar una “batalla cultural y educativa” en favor de “la cultura del trabajo, el respeto al prójimo y la inclusión social” como elementos fundamentales para triunfar en esa cruzada.
En lo que parece ser un mensaje orientado a responder los reclamos de la gente manifestó: “Lo que quiere saber la gente común es de qué lado está cada uno. Y esto nos involucra a todos. A los funcionarios públicos de los tres poderes y de todos los estamentos territoriales; y también, por supuesto, al resto de las organizaciones sociales. Estamos del lado de la ley, quiero que se note: quiénes están de un lado y quiénes, por acción u omisión, están del otro lado”.
En el mismo sentido dijo: “Venimos a decir que haremos los mejores esfuerzos para cumplir las expectativas de la gente común (…) La indiferencia no sólo ha propiciado el avance del narcotráfico; ha generado también desconfianza y desánimo en la sociedad, caldo de cultivo para la acción psicológica, terrorista, de estos grupos. Pocas veces se ha visto una relación tan directa entre calidad institucional, o falta de calidad institucional, y la calidad de vida de la gente”.
Se podrá decir, poniendo en duda la sinceridad de lo manifestado, que las palabras son sólo eso hasta materializarse las correspondientes acciones. También, algunos han señalado que se trata de una sobreactuación de la Corte, que trata de congraciarse con la ciudadanía en busca de respaldo ante el declive en las encuestas del Poder Judicial.
Nosotros preferimos pensar que lo que sucedió constituye un primer paso que dan nuestras autoridades judiciales para hacer frente con seriedad a un problema que azota a los argentinos. Por eso expresamos nuestra satisfacción con que las máximas autoridades judiciales hayan salido de su zona de confort y hayan manifestado su compromiso y preocupación por el tema y requerido que, los funcionarios públicos, a todo nivel, se ocupen en serio y de una buena vez de los problemas reales que afectan de manera directa a la gente.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas (**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
