ESCUCHARJosé Luis Agüero Iturbe, fiscal General ante la Cámara Federal, pidió que se anule el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan durante su gobierno.
En su dictamen, el agente planteó que el juez de Dolores (Buenos Aires), Martín Bava, a cargo de la instrucción del expediente, no informó “acabadamente los hechos imputados y las pruebas existentes” en contra del ex jefe de Estado al momento de su declaración, lo cual le impidió ejercer su derecho de defensa.
Lo hizo al pronunciarse sobre los planteos de nulidad formulados por el abogado Pablo Lanusse, defensor de Macri.
Según el fiscal, el procesamiento se debe anular y Macri debe ser citado a una nueva indagatoria, en la cual se le informen los hechos que se le atribuyen correctamente.
Al analizar las constancias de la causa que se tramita en el juzgado de Julián Ercolini, el fiscal concluyó que el resolutorio impugnado por la defensa “se incurrió en una ampliación de la plataforma fáctica no impuesta previamente al encartado y sobre lo cual no pudo formular su respectivo descargo”.
Paralelamente, consignó que según afirmó Macri en su descargo, “en el acto de la declaración indagatoria no le fue impuesta la prueba existente en su contra, sino un listado completo de todos los actos procesales sustanciados”, lo cual, en su opinión, también obturó la posibilidad del encausado de rebatir la prueba existente en su contra.
Ahora, el dictamen será evaluado por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes deben revisar las decisiones adoptadas por el ex juez de Dolores Alejo Ramos Padilla y su reemplazante, Bava.
El hundimiento del ARA San Juan, en el que murieron 44 personas, ocurrió en noviembre de 2017. Los seguimientos bajo pesquisa (seis hechos) se habrían dado entre diciembre de 2017 y fines del 2018.
La causa se inició por la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.
El caso se tramitó en la justicia federal de Dolores hasta que a fines del 2021 la Cámara Federal de Casación Penal decidió que el caso que involucra al falso abogado Marcelo D’Alessio tramitara en Comodoro Py. Como ese expediente permitió que la sede de Dolores gestionara las investigaciones sobre las bases AMBA y el ARA San Juan, cuando aquellas actuaciones pasaron a los tribunales de Retiro, lo propio sucedió con las otras dos.
Mar del Plata
Cabe recordar que, en diciembre del año pasado, ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Macri apeló su procesamiento por supuesto espionaje.
El letrado del ex presidente reiteró sus críticas al juez federal subrogante Bava: insistió con que es parcial y nuevamente pidió que fuera apartado del expediente.
“Quedó demostrado que Macri no tenía relación directa con las tareas propias que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia, ni recibía información”, afirmó.
Paralelamente, alegó que el fallo de Bava -el relevo del magistrado Ramos Padilla- parecía redactado por otra persona.
“Es tan brutal lo escrito que a veces no deja de retumbar en mi cabeza la inquietud de si detrás de todo esto puede existir un inaceptable ghostwriter. Pero resulta tan repulsiva y estremecedora la barbaridad que se conjetura y que no se detiene en exponer infundadamente en la resolución que impugno, que aquella duda no necesita siquiera, de momento, ser develada. Eso sí, clama por su urgente e inmediata corrección para volver a colocar a la búsqueda de la verdad en el fiel de su balanza destruido por la parcialidad y ausencia de independencia de Bava”, escribió Lanusse.
Además, solicitó con éxito que el caso pasara a Comodoro Py.
Para Lanusse, en el procesamiento dictado por Bava se materializó un intento de “análisis novedoso” de pruebas que resultó “parcial, sesgado, tergiversado y acomodaticio a los prejuicios y al encono”. También apuntó a lo que definió como “la funcionalidad extra procesal” que “significó y guionó el ingreso por la ventana de Macri” a la investigación el 1 de octubre de 2021, en pleno proceso electoral.
En esa línea, denunció que Bava avanzó en las actuaciones “con una forzada construcción antojadiza, voluntarista y sesgada” de la supuesta participación de sus asistido, marcada “por un designio ideológico”.
Asimismo, Lanusse arguyó que el decisorio de Bava era “más próximo a una mediocre arenga de barricada que de una decisión proveniente de un Juez de la Constitución Nacional, que viola el principio de legalidad, de culpabilidad, de personalidad”.
