La norma castiga con hasta 10 años de cárcel la difusión de imágenes de víctimas de delitos; especialmente, de menores, discapacitados y mujeres. Sus críticos alegan que posibilita cercenar información de interés público y castigar a los periodistas que la divulguen
La semana pasada, en México, la Cámara de Diputados aprobó la denominada “ley Ingrid”, que se enfoca en evitar la revictimización de menores de edad, discapacitados y mujeres mediante la difusión de las imágenes, videos, audios, documentos y datos vinculados a sus crímenes.
Apoyá el periodismo especializado e independiente
Este contenido es exclusivo para suscriptores.
Iniciá sesión si sos suscriptor/a