Polémica en México por la “ley Ingrid”: plantean que puede afectar libertad de prensa

La norma castiga con hasta 10 años de cárcel la difusión de imágenes de víctimas de delitos; especialmente, de menores, discapacitados y mujeres. Sus críticos alegan que posibilita cercenar información de interés público y castigar a los periodistas que la divulguen

La semana pasada, en México, la Cámara de Diputados aprobó la denominada “ley Ingrid”, que se enfoca en evitar la revictimización de menores de edad, discapacitados y mujeres mediante la difusión de las imágenes, videos, audios, documentos y datos vinculados a sus crímenes.

También apunta a evitar la violencia institucional y establece medidas para que no se exponga a los familiares de las víctimas.

La iniciativa, que contempla sanciones de hasta 10 años de prisión y fue impulsada por el oficialismo, no tuvo votos en contra ni abstenciones y el texto pasará al Senado.

Como el sistema mexicano es diferente del argentino, aquel accionar ya está tipificado en algunos estados, como Colima, Oaxaca y Ciudad de México, pero si se sanciona la ley Ingrid, será considerado un delito a escala nacional.

Si bien los partidos políticos del país y varios sectores opinan que la reforma del Código Penal mexicano es un avance histórico para los derechos de las víctimas, organizaciones civiles, juristas y periodistas advierten que la normativa puede chocar con el ejercicio del periodismo; ello así, porque posibilitaría obturar la publicación de temas de interés público, como algunas pesquisas penales, y podría aplicarse para castigar a los periodistas que la divulguen.

Femicidio

Hace poco más de dos años, el femicidio de Ingrid Escamilla conmocionó a los mexicanos.

En el caso, funcionarios públicos filtraron a la prensa fotografías de la escena del crimen en las que se veía el cuerpo desnudo y lacerado de la joven.

Ingrid tenía 25 años cuando fue brutalmente asesinada por su pareja durante la madrugada del 8 de febrero de 2020, en un departamento de la Ciudad de México.

El triste suceso impactó a la sociedad mexicana y reavivó el debate por los medios que alimentan el consumo de violencia extrema. La polémica fue tal que se registraron protestas frente a algunos de los diarios que utilizaron las fotos.

Aunque diputados de distintas fuerzas y varios colectivos feministas aplaudieron que el proyecto avanzara en el Legislativo, otros remarcan que parte de la redacción de la norma da lugar a una interpretación jurídica que puede interferir en el ejercicio del periodismo y en el derecho a la información, al contemplar que la difusión de cualquier información de una investigación criminal puede ser castigada.

Al respecto, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, organización en defensa de la libertad de prensa, sostuvo: “No hablamos de información que pueda causar un daño a las víctimas, como en el caso de Ingrid, sino de información que la sociedad tiene derecho a conocer”.

Otro punto controversial son las duras penas que contempla, que Maldonado tildó de “populismo punitivo”.

En esa línea, estimó que es una manera de tratar de presentar “una solución mágica a problemas estructurales de los sistemas de procuración de Justicia”.

“Si hubiera buena fe y el actuar de las fiscalías en este país fuera conforme a derecho, probo y honesto, no nos preocuparía, pero es todo lo contrario”, añadió.

Para Maldonado, la legislación se presta a que, eventualmente, se fabrique “un delito por alguna información que incomode a un gobierno o a una fiscalía local o federal, diciendo que fue filtrada por un funcionario público y que se debe castigar a un comunicador o un ciudadano de a pie”.

“Puede generar un efecto criminalizante si no se acotan sus alcances y sus efectos”, remarcó.

Eduardo Esquivel, académico de la UNAM, considera que es necesario llegar a un punto de equilibrio para proteger a las víctimas sin afectar el ejercicio periodístico.

Bajo esa premisa, recordó que la legislación que ya aprobó la capital del país, en 2021, solo castiga a funcionarios públicos.

En tanto, Jan Albert Hootsen, director del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), le recomendó cautela al Senado. “En este momento difícilmente podemos ver las consecuencias. Por lo pronto, no vemos una amenaza muy grande porque la ley está enfocada en los servidores públicos, aunque México tiene una larga historia de propuestas para criminalizar la cobertura de hechos violentos”, afirmó.

En un país azotado por la impunidad y la falta de independencia judicial, los expertos temen que, por defender una causa noble, los senadores le den luz verde a un articulado que limite la información y sancione el ejercicio de periodismo, ya amenazado y castigado por la violencia, y por eso los alientan a contemplar las aristas problemáticas de la ley, dar discusión y evaluar cambios.

“Interpósita persona”

La modificación del artículo 225 del Código Penal federal mexicano establece sanciones contra “los servidores públicos que filtren, compartan, comercialicen o publiquen imágenes o información sobre un investigación penal”. Lo problemático es que incorpora también castigos contra cualquier persona que haga lo mismo, al contener la frase “por sí o por interpósita persona”.

José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de México entre 2003 y 2018, declaró que el tipo penal que plantea la reforma es muy abierto y no sólo se limita a castigar la difusión de imágenes como las que atentaron contra la dignidad de Ingrid Escamilla.

Además, considera que se presta a múltiples interpretaciones que podrían afectar al derecho de los medios a informar sobre asesinatos, violaciones de derechos humanos, feminicidios y otros casos de interés público; sobre todo, si un magistrado establece que un medio o a un periodista es la “interpósita persona” de la que habla la ley.

“Si se penaliza cualquier hecho, cualquier dato que esté vinculado con una averiguación, habría un riesgo de que el periodista pudiera ser sancionado penalmente en algún momento”, abundó.

“La interpósita persona sería alguien a quien las autoridades le encomendaron tomar fotografías o publicar, esa sería la interpretación correcta. Pero no queda muy claro en la ley. ¿La interpósita persona es la persona a la que yo le encomiendo que haga esa tarea o es alguien que por voluntad propia va y saca fotografías y divulga datos? Los periodistas de nota roja que tienen acuerdos con la fiscalía podrían ser interpósitas personas”, cuestionó el jurista.

Para Cossío, uno de los mayores riesgos está en que la definición del delito no es precisa y podría tener un “efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico” o de censura.

En tanto, Laura Pérez Segura, la diputada de Morena que promovió la iniciativa, opina que la norma se refiere principalmente a los funcionarios que filtran las imágenes, una práctica muy extendida entre policías, peritos y agentes del ministerio público que llegan primero a la escena de un crimen. “Si bien hubo algunas observaciones de que podríamos estar atentando contra la libertad de expresión o la libertad de prensa, esto queda absolutamente anulado porque lo que marca el Código Penal en este artículo son sanciones contra funcionarios y servidores públicos que son los que tienen que resguardar esa información para impedir su utilización”, aseguró.

“La referencia a una interpósita persona (tercera persona) se refiere a cuando los funcionarios se coluden con alguien más, porque es bien sabido que suelen existir acuerdos económicos para utilizar ese material”, añadió.