En marco del Día Mundial del Síndrome de Down, se conoció ayer que 85% de las personas con este síndrome está fuera del mercado laboral. Para el defensor del Pueblo adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello, es necesario avanzar en la efectivización de los derechos.
“Debemos avanzar en la efectivización de los derechos de niñas, niños y adolescentes con síndrome de Down”, dijo, y precisó que el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) que tiene a su cargo, se sumó a la campaña internacional que se destaca con el hashtag “#InclusiónSignifica. Martello explicó que el objetivo global 2022 de la campaña “apunta a fortalecer, abogar y reivindicar la igualdad de derechos para las personas con Síndrome de Down”. Si bien ha habido avances en las últimas dos décadas con respecto al reconocimiento de derechos, aún queda “mucho por hacer”, agregó.
“Es necesario que el Estado mejore su base de datos y de estadísticas de las personas con síndrome de Down para poder diseñar políticas públicas que apunten a la plena inclusión”, opinó. A la vez, consideró necesario “trabajar para evitar que sigan registrándose casos de familias que tienen que ir a la Justicia para que prepagas y obras sociales cubran la prestación de la maestra integradora y/o psicopedagoga”.
El defensor del Pueblo adjunto remarcó que también es clave “avanzar en la desburocratización para la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en los casos de discapacidades permanentes e irreversibles, sin perjuicio de los controles periódicos que puedan exigir las juntas evaluadoras”.
Esta condición siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. Es por ello que el acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.