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Días pasados, a través de una publicación del diario La Voz del Interior, se informó acerca del relevamiento que la Municipalidad de Córdoba lleva a cabo del alumbrado de las plazas de nuestra ciudad. Según aquélla, a la fecha de la publicación se había revisado 97 por ciento de todos los parques, plazas y paseos que tiene la capital, y se divulgó que en los días subsiguientes se completaría la tarea.
Según el informe, se apagó la iluminación de 159 plazas “debido a que la solución del riesgo eléctrico detectado requiere una intervención de magnitud por parte de la Dirección de Alumbrado Público”. Recordamos que a raíz de la muerte del menor Luciano Valentín Aranda, ocurrida en enero pasado, la Municipalidad había dispuesto esta medida en caso de descubrirse fallas eléctricas y hasta que éstas sean reparadas.
Hay un viejo dicho que dice que es mejor prevenir que curar. En este caso, si bien celebramos que se esté haciendo este trabajo, claramente éste llega tarde. Tuvo que existir la muerte de Luciano para decidirlo, cuando antes y después de ella hubo accidentes de la misma naturaleza, como el caso del hijo del exjugador de fútbol Daniel Willington o el del otro menor que recibió una descarga eléctrica mientras jugaba en la plaza de su barrio, ambos casos gracias a Dios sin que les costara la vida a ninguno de los dos.
Recordemos que luego de la muerte de Luciano se produjo (como suele ocurrir por estos lados) un pase de factura entre distintos actores políticos y sociales, por el cual nadie se hizo cargo de nada y todos le echaron la culpa a otro u otra circunstancia. De nuevo asistimos a un intercambio de monólogos de impacto, tan superficiales como emocionales, abundantes en frases hechas e invariablemente huérfanos de medidas concretas y de fondo. Una vez más no se discutieron propuestas con siquiera algo de sustancia, ni nada que se le pareciera. Es la orfandad de ideas que persiste, en casi todos los temas, en gran parte de la dirigencia, a todo nivel. Todo un signo de los tiempos presentes.
También, como ocurre con frecuencia, se habla de dictar una norma que regule la cuestión. Ésta es la típica excusa que suele ponerse, en un exceso de sobreactuación, creyendo que, con una reunión para el dictado de una ley, se calma a la ciudadanía y se da por superado el tema. El punto es que en este caso la ley estaba, lo que pasa es que es obligatoria para los particulares pero el Estado tenía sus excepciones para acatarla.
Aquí, aunque parezca mentira, debemos recordar que, en una república, el Estado no sólo no se halla por encima de la ley sino que es primer obligado por las normas que él mismo dicta. Dicho también de paso, esas leyes que imponen obligaciones a todos y se las dispensan al Estado, además de quebrar el principio de igualdad ante la ley, tienen un indisimulable tufillo al absolutismo monárquico.
No hace falta ninguna ley especial para cuidar que el alumbrado público no se transforme en un peligro para quienes transitamos los espacios públicos. Se trata de una elemental cuestión de gestión por parte de cualquier administración pública, de algo básico que debe ser cumplido “per se” ya que es por lo que, entre otras cosas, existe el Estado.
Es cierto que la ciudadanía debe cuidar lo público y que, como dijo el secretario de Gobierno Municipal, “un vecino tiene que saber que no puede hacer una conexión a un poste de alumbrado. Y que, si lo hace, puede tener consecuencias hacia terceros y hacia su propia persona”. Sin embargo, también no es menos cierto que los funcionarios deben controlar que eso no ocurra, impedirlo y, en su caso castigarlo, ya que una de las funciones básicas del Estado es velar por la seguridad pública, concepto éste que abarca también la seguridad eléctrica en los espacios públicos.
Lo sucedido es asimismo un ejemplo de un Estado que ha perdido el rumbo. La Municipalidad de Córdoba cuesta mucho y no da servicios a la altura de la carga tributaria que impone. Reboza de agentes en lugares de trámites kafkianos y le faltan en las áreas de control y provisión de servicios.
Como dijimos, mejor es prevenir que curar, lamentablemente en estos casos la prevención llega tarde, incompleta y de coyuntura cuando ya se produjo la muerte de un niño. Los lugares públicos no pueden estar a oscuras. En lugar de resolver el problema, de suprimir el riesgo, evitar el peligro de electrocución a costa de generar otro similar de inseguridad. “El Estado debe ser atendido por personas que sean eficientes en la gestión de gobierno y no solo por expertos en ganar elecciones”, nos decía un empleado municipal de años, resumiendo en ello parte de las causas de lo ocurrido y la solución tan sui generis brindada.
Esperemos que todos tomemos conciencia de que es parte de nuestro deber como ciudadanos cuidar los espacios públicos. Pero también exhortamos a que quienes tienen el deber público de dar seguridad, que tomen en tiempo oportuno y con la calidad requerida las medidas para evitar estos hechos trágicos, extirpando ese vicio de actuar luego de que las cosas ya han ocurrido y producido pérdidas irreparables.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas. (**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
