ESCUCHARLa fiscal General de Perú, Zoraida Ávalos, abrió investigaciones preliminares al presidente Pedro Castillo, por tráfico de influencias agravado y colusión, al atribuirle haber intervenido “indebida e indirectamente” en dos millonarias contrataciones estatales, y también por la supuesta injerencia en ascensos de militares.
En octubre, la empresaria y gestora de intereses Karelim López acompañó al Palacio de Gobierno a ejecutivos de un par de firmas que se reunieron con el ex secretario General de la Presidencia, Bruno Pacheco, y con el mandatario.
A los pocos días, las empresas lograron una licitación por unos 60 millones de dólares para construir un puente, y una compra estatal de biodiésel por más de 18 millones de dólares.
Las alarmas sobre la lobbista se activaron en la prensa en noviembre, cuando analizó el registro de visitas al despacho presidencial -de acceso público-, debido a que Castillo no da entrevistas desde que asumió, a fines de julio pasado.
El medio digital IDL-Reporteros informó que López hizo negocios con el Estado a lo largo de varios gobiernos y que fue aportante de la campaña electoral de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en 2016.
Contrato
La resolución de la fiscal precisa que el contrato de compra de biodiésel a la empresa Heaven Petroleum Operator por la estatal PetroPerú se concretó el 21 de octubre pasado, tres días después de la reunión de la gestora de intereses con Castillo, el gerente de PetroPerú, Hugo Chávez, y el dueño de la firma de hidrocarburos, Samir Abudayeh.
El acuerdo fue anulado en diciembre, luego del escándalo mediático por la participación de Castillo.
En Perú, la cabeza del Ministerio Público es la única que puede iniciar una investigación preliminar al jefe de Estado mientras está en ejercicio, recabando pruebas y testimonios de otros involucrados y testigos. Ávalos o quien la suceda en el cargo, en abril, podrá continuar con la investigación pero no interrogar a Castillo mientras sea presidente.
