ESCUCHARPor Silvina Talamoni (*)
La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros reconocidos profesionales e instituciones de la salud y la educación del mundo se han pronunciado sobre la “catástrofe generacional” y “la generación perdida” que el cierre de las escuelas produjo especialmente en la región latinoamericana, donde se profundizó la brecha educativa y ha causado enormes daños que perdurarán en el futuro.
Particularmente en Argentina, se constituyó una nueva red de familias que día a día sigue luchando para mejorar la educación en todo el país, sobre la base de que la educación es el arma más poderosa para combatir la pobreza y las desigualdades sociales existentes.
Precisamente algunos analistas sostienen que parte del “voto castigo” que vivió el oficialismo en las últimas elecciones se debe al rechazo social que provocó el cierre prolongado de las escuelas durante la pandemia.
No obstante, la falta de compromiso de los funcionarios públicos con la educación en general sigue requiriendo que las familias argentinas deban promover el tema “Educación,” conservando su importancia dentro de la agenda pública.
La semana pasada, el informe del Observatorio de Argentinos por la Educación destacó que para el año 2022 se prevé una reducción presupuestaria de 6,2% en materia educativa, equivalente a 34 mil millones de pesos menos respecto a 2021. Después de que esto salió a la luz, producto de la presión de las familias y gracias a los medios que acompañaron el reclamo, el Gobierno nacional se comprometió a revisar este monto.
Ahora bien, analizar el financiamiento de la educación pública en nuestro país no es tarea sencilla, ya que es necesario conocer a fondo la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, y consolidar información de Nación y las 24 jurisdicciones subnacionales (la responsabilidad del Estado sobre la educación en Argentina se encuentra distribuida entre todas estas instancias).
Por un lado, la gestión y el sostenimiento del sistema educativo, en sus niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario, es competencia de las provincias y la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. El ámbito nacional, por su parte, es responsable del nivel universitario y de la implementación de políticas que tiendan a “fortalecer la equidad y justicia distributiva en todos los niveles del sistema educativo argentino”.
De acuerdo con un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), los recursos direccionados por la Nación -sea mediante los recursos coparticipados o por transferencias no automáticas (TNA)- constituyen una porción creciente del gasto educativo que realizan las provincias y es clave que se proteja, para no dejarlos librados a las pujas distributivas que se suceden en el interior de cada provincia, en torno a los recursos no específicamente direccionados.
Por el lado de los gastos, el principal gasto que enfrenta el Ministerio de Educación de la Nación es en educación superior. Asimismo, es importante conocer que los salarios en los niveles obligatorios son abonados por las provincias, con excepción del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que es asumido por el Gobierno nacional.
Por último, la evolución de la inversión educativa provincial se rige por dos indicadores claves: la inversión educativa por alumno estatal y el esfuerzo educativo que realiza cada jurisdicción, expresado mediante el porcentaje de gasto público que cada jurisdicción destina a la función educativa.
El presupuesto educativo nacional se define cada año mediante la Ley de Presupuesto. Una lectura rápida de los datos del presupuesto educativo de los últimos años evidencia que los recursos invertidos en educación han acompañado la evolución de los ciclos económicos, es decir, se fueron “ajustando” a los vaivenes de la macroeconomía.
Es así que la meta mínima de 6% del PBI destinado a educación, fijada por ley, no se cumple desde el año 2015. Esto demuestra la necesidad de colocar el presupuesto en educación bajo la lupa e insistir en la educación como política de Estado. Cabe mencionar que alrededor de dos tercios el presupuesto educativo 2021 del Estado nacional se destina al financiamiento de las universidades y al pago del incentivo docente, mientras que el 33% restante se destina a “otros programas”, tales como Conectar Igualdad, las becas estudiantiles, el programa de fortalecimiento de los jardines infantiles, infraestructura y financiamiento, en este orden de prioridades.
Las provincias, por su parte, mantienen un escaso margen para implementar políticas con recursos propios porque se ocupan básicamente del mantenimiento del sistema educativo (salarios e infraestructura). En el actual contexto, el aumento de la inversión en educación es un punto de partida para proteger el derecho a la educación.
No obstante, hoy descansan en el Congreso y en la Legislatura de Córdoba proyectos que tienen como fin aumentar el presupuesto en educación, lo que constituye otra desvalorización de la política hacia la educación. Como representantes legales de sus hijos, los padres autoconvocados vienen solicitando hace más de un año instancias de consulta e intercambio con las autoridades educativas, para crear un proceso participativo de concertación de políticas educativas, abriendo al diálogo, al debate y la concertación entre todos los actores del sistema educativo, y así introducir un contrapeso a la única voz que se escucha: la de los gremios docentes.
En un año electoral, la situación de incumplimiento del 6% del PBI destinado a la educación merece ser revisada, pues esto limita la posibilidad de generar mejoras de las condiciones que contribuyen a la permanencia y el egreso de los estudiantes con calidad educativa.
Como sostiene el informe de Cippec, que el Estado nacional promueva una mayor equidad entre las jurisdicciones provinciales en materia de inversión educativa constituye un desafío pendiente, ya que una mirada de conjunto permite identificar diferentes situaciones provinciales, aun con niveles de esfuerzo educativo similar. También obliga a preguntarse por la eficacia de los mecanismos de coordinación federal para sostener la inversión educativa, con una repartición justa de las responsabilidades entre niveles de gobierno y entre jurisdicciones.
Finalmente, cabe preguntarse: ¿será suficiente ajustar el presupuesto educativo para revertir el daño causado a los miles de niños y jóvenes argentinos que abandonaron la escuela en los dos últimos años?
El análisis de los grandes números de la política educativa debe ser complementado con un diagnóstico real de lo que ocurre en la realidad diaria, tanto en las escuelas como en los hogares… Porque, como es de público conocimiento, 50% de los niños de nuestro país se encuentra bajo la línea de la pobreza, porque hace 18 años que en Argentina no se cumplen los 180 (hoy 190) días reales de clases, porque sólo 30% de los jóvenes de menores recursos termina el secundario en nuestro país, porque todavía existen escuelas que no tienen agua potable o poseen serios problemas edilicios y porque la pandemia mostró que ni los mejores dispositivos o la buena conexión a Internet pueden suplantar la escolaridad en los niveles primario y secundario.
Hace tiempo que la política pública no pone foco en un abordaje serio y adecuado para la niñez y la adolescencia. Cambiar esto no será “desde arriba hacia abajo”; los cambios reales provienen de las demandas sociales.
Para comenzar, las familias deben conocer y exigir información pública, transparente y detallada sobre lo que ocurre en todo el sistema educativo argentino. Del mismo modo, el Estado debe garantizar la apertura, transparencia y máxima divulgación de los datos e indicadores del sistema educativo a toda la sociedad.
(*) Doctora en Política Pública
