ESCUCHARUn conjunto de organizaciones no gubernamentales (ONG) les solicitó a los diputados y senadores nacionales elegidos ayer que se comprometan con la designación del titular de la Defensoría del Pueblo, “una figura clave para la defensa de derechos de todas las personas”, según subrayaron.
“Diputados y senadores: 12 años sin autoridad frente a la Defensoría del Pueblo es inadmisible. Defensor/a del pueblo ya”, señaló el comunicado difundido por organizaciones como Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Techo, Vida Silvestre, Fundación Poder Ciudadano, Fundación Huésped y Alianza por el Clima Argentina, entre un total de 40 organizaciones.
Bajo esa consigna (Defensor/a del Pueblo Ya”), las organizaciones indican que “hace 12 años que la Defensoría del Pueblo está vacante” y por eso consideran que “los legisladores están en deuda con la sociedad”.
La Defensoría del Pueblo de la Nación es una institución independiente, con autonomía funcional, cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
Para su designación, ambas cámaras deben seleccionar una candidata o candidato para ocupar el cargo con el voto de 2/3 partes de sus miembros.
“En más de 12 años, el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo y dejó la sociedad sin este importante rol para la defensa de sus derechos”, cuestionaron las organizaciones, y señalaron que “la Defensoría del Pueblo es una figura central en la defensa de los derechos humanos y el control de los actos de gobierno porque tiene la facultad de tramitar reclamos ciudadanos, realizar investigaciones, publicar informes, hacer propuestas y recomendaciones, y actuar en causas judiciales”.
Para las ONG, uno de los principales inconvenientes que presenta la falta de designación del defensor es que “se limitan las acciones que pueden llevar a cabo el organismo y su capacidad de gestión”.
“La protección de los derechos de las personas debe ser el centro de las acciones de gobierno”, destacaron.
“A 12 años sin Defensor/a del Pueblo, es hora de que los desacuerdos políticos pasen a un segundo plano. Es urgente la designación de una autoridad idónea, independiente y proactiva en la defensa de los derechos, a través de un procedimiento abierto y participativo”, concluyó el comunicado.
