Reconocen pensión a viuda de un ex preso político

Como el beneficio se legisló después de que su cónyuge falleció, la mujer fue a los tribunales para tener certezas sobre su derecho y el fallo confirmó en segunda instancia su legitimidad para recibirlo

La Sala “B” de la Cámara Federal de Córdoba confirmó una resolución por la cual se reconoció el derecho de una mujer a percibir la pensión graciable que otorga la ley 26913 a los ex presos políticos y sus derechohabientes.

En la causa “Ostapezuk, Olga c/ Ministerio de Justicia y DDHH, acción meramente declarativa de certeza”, la accionante interpuso la acción para despejar el estado de incertidumbre que le ocasionaba no saber si le asistía el derecho en cuestión. En su caso, el esposo falleció con anterioridad a la sanción de la ley 26913 y, aun así, en 2015 pidió el beneficio, no obteniendo respuesta del ente oficial demandado, por lo que recurrió a los tribunales para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 5º del decreto 1058/2014.

El Estado alegó que los causahabientes podían acceder a la pensión graciable sólo en el supuesto de que el causante lo hubiera gozado en vida.

El Juzgado Federal Nº 1 acogió la demanda por considerar que la palabra “beneficiario” que contempla la ley debía interpretarse en un sentido potencial; es decir, que correspondía examinar si el causante fallecido podría haber percibido la pensión por hallarse comprendido dentro de los supuestos que estipula la norma en su artículo 1°.

Condiciones

Como en la causa no se encontraba discutido que el fallecido reunía las condiciones para hacerse acreedor de la pensión, atento a que el Estado nacional ya le había reconocido su derecho a percibirlo y que la demandante tenía el carácter de viuda, el juez de grado declaró la inconstitucionalidad solicitada y reconoció el derecho de la actora a percibir la pensión en cuestión.

En instancia de alzada, los camaristas Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro recordaron que la ley 26913 otorga una pensión graciable a aquellas personas y/o sus derechohabientes que acrediten haber estado detenidas por causas políticas, gremiales y/o estudiantiles, entre otras, hasta el 10 de diciembre de 1983.

Agregaron que la normativa deja sentado que serían beneficiarios indiscutiblemente por situación probada, quienes hayan sido alcanzados por las leyes 25914 y 24043, sus ampliaciones y complementarias, en tanto que el artículo 3 de la ley 26913 establece que “en caso de fallecimiento del beneficiario, serán acreedores al beneficio los derechohabientes en el siguiente orden: a) Cónyuge supérstite o concubina que pruebe la convivencia de acuerdo a la normativa previsional vigente…”.

Época

“En el caso, de haber continuado con vida su cónyuge a la época en que se otorgó el beneficio, la actora gozaría del mismo, por lo que una solución distinta a la arribada conspiraría contra los objetivos que tuvo en miras la legislación, de considerar a los derechohabientes acreedores del beneficio”, añadieron los magistrados.

Así las cosas, el tribunal consideró que debía reputarse a la demandante como acreedora del beneficiario titular en los términos de la normativa precitada, ya que, de lo contrario, se estaría conculcando “la naturaleza sustitutiva” que inspira el instituto previsional de pensión, que implica cubrir los riesgos de subsistencia frente a una situación de desamparo y de ancianidad, proporcionando el sustento necesario para su manutención a quien recibió la asistencia del causante en vida.