ESCUCHARA través de dos decretos, el Gobierno nacional aceptó las renuncias del titular y de la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, y que interviene en delitos económico-financieros complejos.
Cabe recordar que recientemente el jefe de la UIF, Carlos Cruz -quien presentó su dimisión a mediados de mes y cuya salida se hará efectiva a partir de la designación de su reemplazo- fue denunciado ante la Jefatura de Gabinete por supuesto hostigamiento y amenazas contra varios miembros del área de Litigios Penales.
El funcionario también quedó en medio de una interna luego del error procesal que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, y de otros dos directivos de la empresa en la causa “cuadernos”.
A principios de julio, teniendo en cuenta que los últimos datos de gestión de la UIF son los comprendidos entre enero de 2016 y enero de 2020 -mientras la encabezó Mariano Federici-, un grupo de diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC) solicitó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Cruz, comparecieran ante el Congreso por lo que definió como la “virtual parálisis” del organismo.
En su pedido de informes, recordó que la UIF tiene la obligación de presentar una rendición anual de su administración ante el Legislativo, que no cumplió respecto del 2020.
Los diputados de la oposición sostuvieron que la conducción de la UIF está politizada y que hay “desavenencias internas” que se evidencian en la falta de nombramientos para 15 cargos claves en el organigrama institucional -vacancias que se deben a la desvinculación de especialistas designados durante el gobierno de Cambiemos-, omisión que, según estimaron, podría explicar -en parte- la afectación de la capacidad operativa de la unidad.
En ese sentido, apuntaron a la ausencia de impulso de causas de corrupción en trámite en las cuales la UIF tiene el rol de querellante.
Cabe recordar que desde que Cruz fue designado (secundado por Quevedo), la unidad no apeló el fallo que le concedió la prisión domiciliaria a Amado Boudou, condenado por “Ciccone”, ni el archivo de una pesquisa por presunto lavado en contra de la vicepresidente y varios empresarios incriminados en “cuadernos”.
Además, en el juicio conocido como “la ruta del dinero K”, los abogados de la UIF reclamaron ocho años de prisión para Lázaro Báez, la mitad del monto que se planteó durante la conducción de Federici.
Hace tres meses, los legisladores de la CC reclamaron que Guzmán y Cruz respondieran a preguntas sobre el desempeño de la UIF desde diciembre de 2019; entre otras: si se hizo el estudio de autoevaluación relativo al cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, en su caso, cuáles fueron los resultados; si durante 2020 descubrió operaciones sospechosas de lavado y si éstas subieron o mermaron con respecto a 2019.
En otro tramo de su escrito, plantearon la necesidad de que se difundan los motivos del desplazamiento de Claudio Castelli, titular de la Dirección de Litigios Penales, ante las “versiones de la existencia de presiones” sobre algunos letrados que integran la dependencia durante el debate contra Báez.
Tras dejar la UIF, Castelli difundió una serie de audios de WhatsApp, que datan de mayo, en los que denunció ser víctima de una “maniobra interna”. También dijo que la unidad no supervisa a los obligados a denunciar operaciones sospechosas de lavado de dinero.
En agosto de 2020, tres directores de la UIF fueron despedidos: el de Análisis, Lucas Reboursin; el jefe de Colaboraciones Internacionales, Lucas Pandolfo, y el titular de Prensa y Comunicación, Rafael Manzanares. Fuentes oficiales del organismo dijeron que las medidas se enmarcaban en un programa de reorganización operativa.
Poco antes se había publicado el decreto 635/20, que creó el Consejo Consultivo para analizar el funcionamiento del Poder Judicial, que en su artículo 4 prevé que se realice un análisis de la posibilidad de traspasar la UIF y la Oficina Anticorrupción (OA) a la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF).
También en agosto del año pasado, la líder de la CC, Elisa Carrió, denunció al Gobierno ante el GAFI por lo que definió como “la destrucción y desmantelamiento” de la UIF. Lo hizo por el despido de los 15 técnicos designados durante la gestión de Federici, quienes trabajaban en expedientes por casos de corrupción durante el kirchnerismo.
En enero de 2020, la CC se opuso a la designación de Cruz y Quevedo al estimar que no eran idóneos. A Cruz le achacaron carecer de los antecedentes que exige el artículo 11, inciso 2, de la ley 25246. A Quevedo le enrostraron inhabilidad moral en los términos del artículo 9 bis de la legislación.
Si bien reconocieron que Cruz tiene “cierto conocimiento académico” de delitos económicos, alegaron que carece de las “habilidades técnicas para ejercer la presidencia de la UIF”. Entre las falencias, citaron: inexperiencia en materia regulatoria; ausencia de conocimientos en el campo de la inteligencia financiera y en la “sensible misión de cooperación internacional que reviste la UIF”, y falta de práctica profesional penal vinculada estrictamente con la temática.
Además, subrayaron que criticó públicamente al GAFI y a otros organismos internacionales por su “supuesta injerencia en la elaboración de políticas legislativas en materia penal referidas a los delitos económicos”, sin advertir de que Argentina es miembro pleno del grupo y que asumió voluntariamente su compromiso de cumplir los estándares globales que fija.
En cuanto a Quevedo, los representantes de la CC puntualizaron que se desempeñó como directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF entre 2010 y 2016, cuando el organismo era presidido por José Sbatella, gestión que culminó con los resultados de cumplimiento más bajos en toda la historia de un miembro del GAFI.
Paolo Rocca
El supuesto error procesal que derivó en el sobreseimiento de Rocca sumó tensiones en la unidad.
El abogado que representaba a la UIF en aquel expediente, Fernando Diez, denunció a Cruz ante la Jefatura de Gabinete, por hostigamiento y amenazas contra varios miembros del área de Litigios Penales.
Diez fue despedido en septiembre y hay otros dos abogados sumariados.
La medida se concretó por lo sucedido el 10 de agosto, cuando el juez Julián Ercolini sobreseyó a Rocca, a Luis Betnaza y a Héctor Zabaleta.
En su momento, Betnaza y Zabaleta declararon que el Ministerio de Planificación Federal les había pedido dinero para que el Gobierno argentino intercediera ante el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por la crítica situación del personal de las empresas que el grupo tenía en ese país.
Pese a confirmar que los pagos se hicieron, el magistrado planteó que el caso de Techint era diferente al del resto de los empresarios, porque el dinero que se entregó tenía relación con “ayuda humanitaria”.
Cabe precisar que Ercolini actúa en el marco de un tramo de la causa “cuadernos” que sigue en instrucción. El grueso del expediente ya está en manos del Tribunal Oral Federal 7, aunque todavía no tiene fecha de juicio.
En el expediente principal, la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus ex funcionarios están acusados de haber integrado una asociación ilícita que recaudó dinero de empresarios con los que hacían negocios.
El fallo de Ercolini tenía un plazo para ser apelado, pero ni la Fiscalía ni la UIF se presentaron.
El titular de la UIF decidió iniciar un sumario contra los tres letrados que intervenían como patrocinantes en parte de la pesquisa “cuadernos”.
Diez recibió el telegrama de despido en su domicilio. Estaba de licencia psiquiátrica.
Antes, denunció al presidente de la UIF ante la Jefatura de Gabinete, que ahora conduce Juan Manzur. En esa repartición funciona una oficina especial que se encarga de la violencia laboral dentro de la Administración pública.
En su escrito, el letrado narró los hechos y ofreció testigos. “Las constantes acusaciones hacia el personal de la Dirección, las amenazas respecto a despidos, los despidos concretados, el abandono de la dirección y la responsabilización al personal por las consecuencias de esa desidia, las órdenes y contraordenes verbales, el aislamiento de las responsabilidades de los superiores en perjuicio de los subalternos, entre otras situaciones, han sido moneda corriente”, alegó.
