martes 19, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Consejo de la Magistratura: asociaciones civiles piden constituirse como amigos del tribunal

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La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permita la presentación de “amigos del tribunal” en la causa sobre la composición actual del Consejo de la Magistratura. El pedido busca garantizar un amplio debate, que incluya la perspectiva de la ciudadanía respecto al impacto que ha tenido la ley 26080 en la vida cotidiana del Poder Judicial.

En 2006, el Congreso de la Nación dictó la mencionada norma, que redujo de 20 a 13 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura y alteró la proporcionalidad de los distintos estamentos, a partir de lo cual el consejo pasó a estar conformado por tres autoridades en representación del Poder Judicial, tres de cada cámara del Congreso, dos de los colegios de abogados, una de la academia y una en representación del Poder Ejecutivo. 

El 15 de noviembre de 2015, la Sala II de la Cámara Contencioso-administrativa Federal, con las firmas de José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, declaró inconstitucional el artículo de la ley que estableció una nueva conformación del consejo, por considerar que vulnera el principio de equilibrio estamentario previsto en la Constitución Nacional. Dos años después, la misma sala aceptó los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado nacional y remitió el expediente a la Corte Suprema, que hasta el momento no se pronunció. “En este caso de enorme trascendencia, la apertura del expediente a recibir contribuciones por parte de organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la academia y otras personas conocedoras de la materia permitirá robustecer los argumentos brindados por las partes y garantizar un amplio debate que incluya la perspectiva de la ciudadanía respecto al impacto que ha tenido este proyecto en la vida cotidiana del Poder Judicial. Todo ello contribuye a que la decisión que con posterioridad adopte la Corte Suprema tenga mayores niveles de legitimidad”, plantearon las organizaciones civiles.

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