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Lo decidió el gremio en una asamblea extraordinaria. Se declararon en estado
de alerta y movilización. Reclaman la apertura de paritarias y la ley de porcentualidad
En una asamblea extraordinaria, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), que dirige Irina Santesteban, decidió ayer que en mayo se realice el primer paro de actividades en lo que va del año.
La medida de fuerza, cuya fecha aún no está decidida, fue resuelta en el marco de un plan de lucha que incluye la continuidad de las asambleas informativas, la declaración del estado de alerta y movilización y un “trabajo de concientización”con los empleados .
Según indicó a Comercio y Justicia Marcelo Molina, vocero de los judiciales, también decidieron confirmar la movilización que estaba prevista para el próximo viernes 30 de abril.
El reclamo tiene que ver con un pedido de recomposición salarial, la apertura de paritarias, la aplicación de la ley de porcentualidad y la reincorporación de seis empleados judiciales.
En lo que va del año, los trabajadores del Poder Judicial de Córdoba recibieron un aumento de 10 por ciento, incremento que terminó más tarde siendo de 12 por ciento. Empero, ello no los conformó, aunque fue dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para equipararlos con el aumento que recibió este año el resto de los empleados públicos de la provincia.
Si bien el gremio reconoce que se han estado reuniendo con la titular de TSJ, Mercedes Blanc de Arabel, y con el administrador General del Poder Judicial, Gustavo Porcel de Peralta, aseguran que ninguno de sus planteos ha sido escuchado. Incluso, pone en duda el cumplimiento del acuerdo firmado el año pasado, que preveía -entre otras cuestiones- el pase a planta permanente de unos 360 empleados.
“Hasta el momento sólo se han efectivizado 79 empleados; la promesa era que en junio los 360 iban a pasar a planta permanente. A este ritmo, no van a llegar”, sentenció Molina.
Mientras tanto, continúa pendiente de resolución el pedido de apertura de paritarias que el gremio reclamó en abril del año pasado al secretario de Trabajo provincial, Omar Sereno.
Si bien el funcionario pareció dar curso a esa pretensión y citó en diciembre pasado a las partes a una audiencia preliminar, esa convocatoria quedó suspendida después de que la vocal Aída Tarditti pusiera en duda la ley que permite la negociación colectiva en el sector público.
Desde esa fecha no hubo otro pronunciamento de la dependencia oficial, aunque todo hace prever que la decisión no será favorable a las pretensiones gremiales.
Un largo anhelo
La ley de porcentualidad ha sido largamente reclamada por el gremio, aunque siempre sin éxito.
Ocurre que, de aplicarse esta norma, el aumento que recibiría cada agente del Poder Judicial superaría con creces los porcentajes que hasta el momento se ha mostrado dispuesto a pagar el gobierno provincial. En algunos casos, esa suba duplicaría el salario que cobran algunos empleados que tiene la justicia cordobesa.
