Demandan a los gobiernos nacional y bonaerense por restricción para entrar al país y obligación de hacer cuarentena en hoteles

Una abogado presentó una acción de amparo reclamando que se declare la inconstitucionalidad de la normativa dictadas por el Poder Ejecutivo nacional que impuso nuevas restricciones para ingresar al país.
Lo propio pidió respecto de la decisión de Axel Kicillof que obliga a los bonaerenses que regresen del exterior a hacer cuarentena obligatoria en hoteles y a pagar la estadía.
El actor debe volver el domingo a la Argentina. Preciso que salió del país junto con sus hija para suplir la falta de provisión de vacunas por parte del Estado y aseguró que medidas como las que cuestiona afectan garantías constitucionales.
El letrado Norberto Borlenghi, de 73 años, relató que el 3 de abril recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V y que ante la falta de precisiones sobre la segunda no le quedó otra opción que costear un viaje a Estados Unidos para completar el plan de inmunización con un fármaco “compatible”: Pfizer.
En tanto, indicó que como sus hijas, que tienen 23 años, no tenían perspectivas de ser vacunadas, también optaron por viajar, postergando sus tareas profesionales diarias, para “conseguir en el exterior lo que la Argentina no proporciona”.
El expediente quedó a cargo del Juzgado Federal de San Martín, que ya le corrió vista al fiscal para que dictamine.
Sobre la imposición de aislamiento tras ingresar al territorio, el amparista valoró que se trata de “una nueva amenaza y violación” a los derechos de propiedad, trabajo, vivienda, circulación y salud “producto del capricho” de los funcionarios bonarenses.
“Resulta un absurdo intolerable, por cuanto más que protegernos y evitar la dispersión de una eventual propagación del virus -circunstancia poco probable, ya que para ingresar deberemos contar con dos PCR negativos, uno del país de salida y otro de nuestro país, al llegar-, mantenernos cuatro días encerrados en un hotel acrecienta las posibilidades de contagios, ya que estaríamos inmersos en una burbuja cerrada y cercana a posibles infectados, con lo cual no se cumple lo que la norma predica”, alegó en ese sentido.
En esa línea, argumentó que la manda es “una afrenta” a las libertades ambulatoria y de tránsito” protegidas por la Constitución Nacional.
“No escapa a este presentante que la Administración debe resguardar la salud pública, pero ello no implica que constituya un pretexto para vulnerar los derechos ciudadanos, ya que ha existido tiempo más que suficiente para que arbitre los medios necesarios para que puedan regresar al país y a sus hogares los ciudadanos que se encuentran en el extranjero, bajo las condiciones y metodología que el mismo Gobierno ha establecido al momento de la partida”, aseguró el accionante.
“No se explica en la normativa por qué 600 personas que ingresan al país representan un menor riesgo de ingreso de la cepa Delta que los 2.000 que estaban autorizados y que podía hacer la cuarentena en sus hogares”, añadió.
Bajo esa premisa, enfatizó que la normativa restrictiva “no aborda ni explicita” los criterios científicos que la sustentan.