ESCUCHARLuego de que el juez federal Julián Ercolini fue apartado de la causa conocida como “Operativo Puff”, montado supuestamente para debilitar la pesquisa denominada “cuadernos”, el expediente quedó en manos de Daniel Rafecas.
El candidato del presidente Alberto Fernández para ser el próximo procurador General de la Nación resultó designado en el sorteo de rigor, en la Cámara Federal.
El expediente investiga si el caso “D’Alessio”, que se sustanció en la Justicia federal de Dolores (Buenos Aires), fue armado y destinado a hacer caer las actuaciones por los “cuadernos”.
Rafecas es el cuarto juez que toma contacto con la pesquisa, que comenzó en el juzgado federal de Claudio Bonadio, a raíz de la denuncia que formularon las entonces diputadas Mariana Zuvic y Paula Olivetto, con intervención del fiscal Carlos Stornelli como querellante.
Tras la muerte de Bonadio, Marcelo Martínez de Giorgi tomó el control del Juzgado Federal 11 y en septiembre de 2020 dispuso el cierre de la causa por inexistencia de delito.
El fallo fue apelado sólo por la querella. En marzo, por mayoría, la Cámara Federal decidió reabrirla y volvió al Juzgado Federal 11, que subroga Ercolini. Ante ese panorama, Juan Ramos Padilla, padre de Alejo Ramos Padilla, el magistrado que intruyó la causa “D’Alessio” y es investigado en el “Operativo Puff”, reclamó el apartamiento de Ercolini porque él también interviene en la denuncia que radicó Stornelli contra D’Alessio, un expediente que analiza los mismos hechos del caso que nació en Dolores pero con diferencias: los que son víctimas en Dolores son imputados y los que en Dolores son procesados en Comodoro Py son víctimas.
El juez de la Cámara Federal Roberto Boico tomó esos argumentos para apartar a Ercolini.
“Las garantías constitucionales están indiscutiblemente orientadas al sujeto que enfrenta un proceso judicial pues, si se coteja una causal que eventualmente podría incidir en la tranquilidad de ánimo que exige el juzgamiento de extremos referentes a la vida y el patrimonio de las personas, se impone el apartamiento del magistrado”, alegó.
Fiscales
El fiscal que interviene es Franco Picardi, quien también terminó allí luego de la recusación o excusación de otros cinco agentes -Gerardo Pollicita, Alejandra Mangano, Jorge Di Lello, Carlos Rívolo y Eduardo Taiano-.
Rafecas deberá resolver si admite varias medidas de prueba reclamadas por Stornelli, como analizar los llamados de una serie de imputados, pero además de los teléfonos del actual juez federal de La Plata Ramos Padilla a los teléfonos fijos -de su casa y del juzgado- y a su celular, entre diciembre de 2018 y febrero de 2019.
En paralelo, la defensa de Roberto Baratta, a cargo de Alejandro Rúa, reclamó la nulidad de toda la causa al cuestionar la legalidad de las escuchas en las que aparecen los diálogos telefónicos que dieron origen a la causa.
El expediente “Operativo Puf” nació casi en paralelo a la investigación sobre el falso abogado Marcelo D’Alessio. Busca esclarecer si hubo maniobras de imputados por corrupción pertenecientes al kirchnerismo para derribar la causa “Cuadernos”.
Las sospechas contra los detenidos, entre los cuales estaban Baratta y Juan Pablo Schiavi, surgieron a través de transcripciones que llegaron de manera anónima, casi en forma paralela, al fiscal Stornelli y a Elisa Carrió.
Stornelli hizo una denuncia y el caso cayó en manos del juez Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello.
Las legisladoras aliadas a Carrió, Zuvic y Oliveto, hicieron la presentación, que cayó en manos de Bonadio.
La principal prueba son las interceptaciones telefónicas hechas por un juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, para conocer los diálogos en prisión del narcotraficante Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”, detenido en Ezeiza.
La difusión de las escuchas de los internos -algunas con sus familiares o sus abogados- generó una advertencia de la Corte Suprema de Justicia, que llamó a poner límites al uso de las interceptaciones telefónicas: instó a los jueces a disponer escuchas con con criterio restrictivo y de forma fundada y exhortó a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia a certificar que la AFI “no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las expresa específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por los magistrados judiciales”.
La causa que estaba en manos de Di Lello y de Rodríguez fue cerrada en agosto de 2019, pero en el juzgado de Bonadio se avanzó con la investigación. Lo propio pasó en Dolores, donde Ramos Padilla avanzó en la investigación de la causa “D’Alessio”, que derivó en los procesamientos del falso abogado, de Stornelli, ex policías y ex agentes de la AFI.
