ESCUCHARMediante un comunicado, sin nombrar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, la Asociación Argentina de Fiscales cuestionó en duros términos el discurso que éste dio en el Congreso y apuntó a lo que definió como una “planificación dirigida a eliminar -en la práctica- la forma republicana de gobierno mediante el control político partidario del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, violando la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos”.
Con las firmas del titular de la entidad, Marcelo Quintián; del vicepresidente, Walter Fernández, y del secretario General, Matías Michienzi, el documento indica: “Esas acciones no sólo se canalizan a través de proyectos legislativos de reformas -entre los que pueden mencionarse aquellos que procuran modificar el régimen de designación del procurador General de la Nación, el término de duración de su mandato y el procedimiento para sancionar a fiscales- sino también el anunciado descalabro de crear un Tribunal de Arbitrariedades”.
Además, criticó la propuesta de creación de una “Comisión Bicameral” para “seguimiento de la Justicia”, la que tildó de inconstitucional. “No es otra cosa que un tribunal de inquisición dedicado a la caza de brujas”, acotó.
Para la asociación, hay “niveles de violencia simbólica institucional sin precedentes” que ponen en crisis la confianza pública. “Pretendemos una relación inteligente, sabia, respetuosa entre los poderes del Estado. Del mismo modo que los jueces y fiscales no opinan en los medios de comunicación sobre los desaciertos de las políticas públicas o sobre las leyes en abstracto, debe comprenderse que los funcionarios de otros poderes también deben respetar esa obligación ético-funcional”, enfatizó.
Bajo esas premisas, postuló que los desacuerdos con los procesamientos, condenas y absoluciones, además de la posibilidad de ser cuestionados por las vías legales correspondientes, no le incumben al Poder Ejecutivo ni al Legislativo.
“La Constitución prevé los mecanismos del indulto y la amnistía para casos de error judicial o perdón popular por el Congreso de penas aplicadas a los jueces. Pero el desacuerdo político partidario no convierte la actividad judicial en errónea, y mucho menos permite presionar a jueces y fiscales para obtener un resultado deseado”, concluyó.
Finalmente, hizo un llamado a la reflexión para evitar “politizar permanentemente la justicia” y aclaró que “la imputación a una persona de la comisión de un delito no es judicializar la política”, ya que “el derecho penal de autor se encuentra vedado a la autoridad de los jueces y fiscales”.
“Se juzgan hechos, no formas de ser”, añadió.
