En el marco de una acción de clase presentada por una asociación de consumidores, el Juzgado Federal número 3 de Mar del Plata les ordenó al Estado y a las empresas Cablevisión y Fibertel, como cautelar, arbitrar en forma inmediata los medios necesarios para asegurar a sus abonados la continuidad del servicio de Internet.
Además, se le requirió al Poder Ejecutivo que informe en diez días si se encuentra asegurada la continuidad de la prestación a todos los usuarios en las mismas condiciones y modalidades en las que actualmente la provee Fibertel.
Asimismo, se les solicitó a esta última firma y a Cablevisión que, en idéntico plazo, precisen si está garantizado el acceso a la red hasta tanto el Estado nacional organice, en su caso, la existencia de conexiones mediante nuevos proveedores.