ESCUCHARLa Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la prisión preventiva del ex intendente de Aguaray, Jorge Prado, medida dispuesta la semana pasada por el juez federal de Garantías Gustavo Montoya, a instancias del fiscal general Eduardo José Villalba, quien lleva adelante la investigación por el robo de caños del Gasoducto GNEA.
Prado fue detenido el 18 pasado a pedido de Villalba, quien ese día amplió la acusación penal en contra de él; del ex secretario de Hacienda del municipio, Fredy Céspedes, y del empresario mendocino Diego Alos, titular de la firma OSYP SA.
El abogado Fernando Teseyra, representante de Prado, impugnó la decisión de Montoya. También planteó la incompetencia de la Justicia federal respecto a los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, ante los camaristas Guillermo Elías, Alejandro Castellanos y Mariana Catalano.
El letrado sostuvo que esos delitos no serían de interés de la Justicia federal, a la vez que señaló que en la Justicia provincial su asistido ya es investigado por hechos de corrupción, aunque no pudo dar detalles de las pesquisas debido a que no lo representa en esas causas penales.
Respecto a la prisión preventiva de Prado, adujo que el juez Montoya no valoró los indicadores de riesgo procesal y definió la privación de la libertad como “desproporcionada e innecesaria”.
Sostuvo que Prado colaboró en el proceso penal en su contra pues avaló que se verificaran sus cuentas bancarias y cumplió con todas las citaciones.
Además, indicó que en la audiencia de ampliación de la acusación penal tomó conocimiento, por parte del juez, de que se había ordenado su detención, la que se formalizó dos horas después. “En esas dos horas mi cliente no se fugó e incluso entregó de manera voluntaria su teléfono cuando le fue requerido”, alegó.
Luego de calificar de apresurada y arbitraria la prisión preventiva, el abogado planteó de manera subsidiaria la detención domiciliaria porque Prado tiene arraigo formal y trabaja en una empresa de Jujuy. Rechazó, a su vez, que el ex intendente pueda influenciar a testigos y cuestionó que la fiscalía no haya avanzado con la citación de los declarantes.
Al responder los agravios de la defensa, Villalba, acompañado de la auxiliar fiscal Roxana Gual, señaló que el caso se trata de uno de los “mayores escándalos de corrupción de la región” y recordó que tuvo alcance nacional pues en la investigación hay 11 imputados, algunos de ellos empresarios radicados en Buenos Aires.
Indicó además que el plazo de la preventiva, de 20 días, es absolutamente razonable y que hay pruebas de cómo el ex intendente y los coimputados habrían conformado “la pirámide de una organización que tomó fondos del erario del municipio de Aguaray para, paradójicamente, destruir una obra del Estado nacional que, de haberse concretado -como sucedió en Chaco y Santa Fe-, no sólo habría beneficiado a millones de personas sino que se habría convertido en la base de un polo industrial”.
“Se tomaron fondos del Estado para destruir el Estado. ¿Para qué? Para el provecho de intereses privados de dos o tres personas, quienes planearon de antemano y al detalle la maniobra utilizada para desafectar los bienes rapiñados; en este caso, los caños de más de siete kilómetros del Gasoducto GNEA”, graficó el agente.
De esta manera, Villalba planteó la gravedad del hecho como uno de los indicadores del riesgo procesal pues, a medida que se avanza, crecen las chances de que Prado sea pasible de una condena con prisión efectiva.
Después de ilustrar a los jueces sobre otros detalles de la instrucción, el fiscal se refirió al peligro de fuga latente y controvirtió lo afirmado por la defensa respecto a que Prado tiene un trabajo formal. Para ello, citó declaraciones periodísticas del mismo exintendente, quien reveló que, debido al escándalo de los caños, se había quedado sin empleo.
Al referirse a la presión e influencia del encausado sobre los pobladores de Aguaray, leyó otras declaraciones de Prado, quien lideraba un corte de ruta junto a varios seguidores y exigía acciones a su favor, de la Cámara de Diputados. “Esto evidencia claramente que es una persona que puede ejercer una gran influencia”, enfatizó.
Por ello, solicitó que se confirme el encarcelamiento cautelar de Prado. En el mismo sentido se pronunciaron los abogados Hernán Cúneo y Sebastián Schmidt Dodds, representantes de la petrolera Ieasa SA, afectada por la sustracción de los caños del gasoducto.
Por mayoría, la alzada decidió mantener la preventiva de Prado y rechazó los planteos de incompetencia.
