ESCUCHAREn un comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) criticó al Gobierno nacional por la situación de la Justicia.
La entidad recordó que en marzo, al dar su mensaje en el Congreso para inaugurar las sesiones, el Presidente manifestó que asumía el compromiso de ponerle fin a la designación de “jueces amigos”, a la “manipulación judicial”, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de magistrados “dependientes de poderes de cualquier naturaleza”.
En tanto, planteó que a pocos meses del discurso del primer mandatario, entre otras medidas, se declararon ilegítimos los traslados de tres jueces y se registraron “acciones dirigidas a remover al actual procurador General de la Nación”, Eduardo Casal (interino).
También cuestionó “la creación de un Consejo Consultivo para analizar eventuales reformas al funcionamiento e integración de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura de la Nación y de la Procuración General de la Nación” y expuso que la composición de aquél generó dudas en cuanto a la imparcialidad y capacidad de algunos de sus integrantes.
En tanto, manifestó que a ello se sumó la reciente iniciativa legislativa para modificar la ley del Ministerio Público, que no aguardó las conclusiones del Consejo Consultivo.
Sobre ese proyecto, el colegio estimó que, en los hechos, “tiende a desvirtuar el modo de elección y remoción del procurador”, al eliminar la exigencia de los dos tercios en el Senado para su designación o para promover su juicio político. Asimismo, objetó que proponga una integración del Tribunal de Enjuiciamiento “de naturaleza mayoritariamente política”, con “gran poder de discrecionalidad en la posibilidad de habilitar procesos disciplinarios”.
Para el grupo, todo ello conduce a debilitar la independencia de los fiscales.
El Colegio de Abogados de la CABA remarcó además la falta de diálogo del Gobierno con los sectores involucrados en el sistema para impulsar cambios legislativos y señaló que ninguna de las iniciativas del oficialismo son fruto de acuerdos.
“Consideramos que si se quieren hacer verdaderas reformas en la Justicia, perdurables en el tiempo, que tiendan a dar un mejor servicio y a garantizar la independencia de los jueces, deben ser el resultado de un consenso entre las distintas fuerzas políticas y los jueces y abogados, como actores del sistema”, enfatizaron los letrados.
“Si se insiste en querer implementar acciones y reformas en función de intereses subalternos, todo se terminará politizando y judicializando”, acotaron.
