Serán juzgados ocho rugbiers como coautores del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Dos de ellos, Juan Guarino y Alejo Milanesi, fueron sobreseídos
La fiscal que investiga el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes a la salida de un boliche, en la ciudad de Villa Gesell, en enero pasado, pidió hoy que sean sometidos a juicio los ocho rugbiers detenidos por el hecho y dispuso el sobreseimiento de otros dos -quienes ya se encontraban en libertad-.
La solicitud fue formulada por la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Villa Gesell, ante el juez de Garantías David Mancinelli, a un día de que se cumplan diez meses del crimen y de que venza el plazo para hacerlo.
Por el crimen se encuentran detenidos Máximo Thomsen (20), Ciro Pertosi (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), todos ellos considerados coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.
Por otra parte, Zamboni pidió el sobreseimiento de Juan Guarino y Alejo Milanesi, quienes no pudieron ser ubicados en la trama del hecho ni acusados como encubridores. El joven señalado como el “rugbier número 11”, Tomás Colazzo, tampoco fue imputado o ubicado en la trama del hecho.
El hecho ocurrió la madrugada del 18 de enero último en pleno centro de la mencionada localidad turística, frente al boliche Le Brique, donde Báez Sosa y dos de sus amigos comenzaron a ser golpeados por un grupo de jóvenes.
Fernando recibió golpes y patadas en la cabeza que le causaron la muerte antes de que pudiera ser atendido por médicos. Sus agresores huyeron.
El episodio quedó registrado en distintas cámaras de seguridad y en teléfonos celulares de otras personas que se hallaban en la zona, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar del crimen.
La Justicia siempre sostuvo, al valorar el caso, que se trató de una coautoría funcional, lo que significa que todos los acusados hicieron un aporte indispensable y que cada uno de esos aportes llevó al resultado de muerte, al homicidio. No hubo una sola patada mortal sino que todos los golpes fueron mortales.
Los peritajes scopométricos sobre los calzados de los rugbiers habían comenzado el pasado 29 de mayo y tenían como objetivo cotejar las huellas de las zapatillas secuestradas en la vivienda que ellos alquilaban, especialmente con una impronta hallada en la cara de Báez Sosa.
En el caso de un juicio oral, la acusación estará a cargo del fiscal Juan Manuel Dávila