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El tribunal reconoció que Montevideo violó el Tratado del Río Uruguay al no consultar a la Argentina sobre la instalación de la papelera. No obstante, sostuvo que nuestro país no pudo demostrar que las plantas contaminan
La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) dictaminó ayer que “no hay motivos” para ordenar a Montevideo que cierre la planta de celulosa ubicada en la localidad de Fray Bentos, pese a que su instalación fue posible sólo gracias a la violación del estatuto del Río Uruguay, cuya vigencia data de 1973.
En un extenso fallo, que fue leído durante más de dos horas, el tribunal consideró que Uruguay no informó debidamente a la Argentina sobre la construcción de las plantas de celulosa y que “no tenía derecho” a comenzar su construcción mientras estaba en marcha el proceso de negociación con nuestro país.
“Uruguay no transmitió sus evaluaciones o las transmitió luego de haber otorgado las autorizaciones para las dos plantas de celulosa. Uruguay dio prioridad a su legislación interna y no cumplió con su obligación de notificar a la Argentina a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)”, sostuvo el magistrado eslovaco Peter Tomka, presidente a cargo de la CIJ en el primer tramo de la lectura del veredicto.
Contaminación
Pese a reconocer el incumplimiento del Tratado por parte de Uruguay, el tribunal concluyó que la Argentina no logró demostrar los efectos contaminantes de la planta finlandesa UPM (antes Botnia).
“No hay relación directa entre la instalación de la pastera y el cambio climático en el río alegado por Argentina”, sentenció Tomka.
“No hay evidencia que apoye el alegato argentino de que la planta de Botnia no cumple con las mejores tecnologías en términos de efluentes para cada tonelada de celulosa que produce”, añadió el fallo, que además estableció que no habrá compensaciones económicas para Buenos Aires.
Respecto de la contaminación sonora y visual, que también denunció nuestro país, el tribunal remarcó que no tenía elementos para expedirse.
“Ningún artículo del estatuto de 1973 aborda los malos olores que alega la Argentina. Por estas razones, la demanda relativa a los malos olores y a su impacto sobre el turismo argentino no es de competencia de esta Corte”, consignó la sentencia.
Seguimiento
De aquí en adelante los gobiernos argentino y uruguayo deberán realizar un monitoreo conjunto para medir el impacto ambiental de la producción de pasta de celulosa que Botnia realiza desde noviembre de 2009, según resolvió la CIJ.
Sobre la decisión de si correspondía o no ordenar el desmantelamiento de la papelera, los jueces consideraron que no hay motivos para ordenar el cese. “Ordenar el desmantelamiento de la planta no sería adecuado”, sentenciaron.
La Corte dividió el fallo en tres partes. Por 13 votos a 1 consideró que Uruguay “incumplió obligaciones procesales”; por 11 a 3, que “no hubo incumplimiento de obligaciones de fondo” y, por unanimidad, desestimó el resto de los reclamos.
Alcance y futuro
El veredicto de la CIJ es inapelable y vinculante; es decir, debe ser acatado por ambas países, sin recurso posible.
Aunque el tribunal no se expidió sobre los bloqueos de la ruta internacional 136 que los vecinos de Gualeguaychú iniciaron en noviembre de 2006, la difusión de la sentencia, que marca un principio de cierre del conflicto con Uruguay, deja poco margen político para la inacción oficial.
Según trascendió en los últimos días, los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica preparan un encuentro para las próximas semanas, en el que se espera que analicen el fallo y sus consecuencias para ambos países.
Sin duda, el pronunciamiento del máximo tribunal de Justicia de las Naciones Unidas abre una nueva etapa en el vínculo bilateral con Uruguay, fuertemente dañado desde 2006 cuando comenzó el largo conflicto por las pasteras.
Un conflicto que no tiene fin
Los asambleístas de gualeguaychu anunciaron que seguirán con los cortes aunque les “cueste la muerte”“Hasta que no se vaya Botnia no nos vamos a mover del corte” en el puente General San Martín, que comunica Gualeguaychú con Fray Bentos, aseguraron los ambientalistas que siguieron a miles de kilómetros de distancia y a través de pantallas gigantes la lectura del fallo inapelable del Tribunal. Los más duros enfatizaron que no liberarán la ruta aunque les “cueste la muerte”.
Cientos de vecinos se reunieron en el paraje Arroyo Verde de la ruta 136, que desde el 20 de noviembre de 2006 se convirtió en el espacio emblemático de la lucha de los habitantes de Gualeguaychú contra la instalación de las pasteras. Poco y nada les importó el pronóstico que alertaba sobre fuertes tormentas para la zona y una multitud salió en colectivos desde el corsódromo de Gualeguaychú hasta el lugar del corte.
A pesar de que durante el año la barrera que impide el paso hacia y desde Uruguay está custodiada por un puñado de asambleístas, ayer la ruta se pobló. Familias enteras dijeron presente. Muchos salieron de sus trabajos o cambiaron el horario para asistir a lo que consideraban que sería una jornada histórica.
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