ESCUCHARPor el contrario, sostuvo que puede pensarse en reducir la cantidad de causas que llegan al Máximo Tribunal. Pidió crear un fondo compensador para equilibrar los recursos de los poderes judiciales en todo el país y reiteró la necesidad de “despolitizar” el Consejo de la Magistratura
La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) se manifestó en contra de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reiteró sobre la necesidad de contar con un Consejo de la Magistratura equilibrado en su composición para garantizar la independencia judicial y volvió a insistir en la necesidad de crear un Fondo Compensador para ayudar a los Poderes Judiciales de aquellas provincias con menos recursos.
La posición asumida por FAM fue expuesta ante el Consejo Consultivo creado por el Gobierno nacional para analizar la reforma judicial que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación.
En el documento, al que accedió Comercio y Justicia, el organismo que preside Ariel Ariza es categórico al sostener que no existen razones para modificar la cantidad de miembros que tiene la Corte Suprema de Justicia y, que por el contrario, se puede pensar en reducir las causas que ingresan a este tribunal. También se recordó que la posibilidad de dividir en salas a los supremos fue declarada inconstitucional por la propia Corte.
“Pensamos que el número de los magistrados del Tribunal debería depender del tipo y cantidad de tareas que se le asignen. En la actualidad, existen disposiciones normativas que permiten la reducción de las causas a resolver en definitiva”, sostiene el documento.
Sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación, la FAM volvió a sentar postura respecto de la necesidad de equilibrar su composición para evitar la politización del organismo y garantizar así la independencia del Poder Judicial.
“Al contar el Consejo de la Magistratura de la Nación con facultades tan amplias y variadas, que hacen a la disciplina y a la organización económica del Poder Judicial, así como al ejercicio de facultades reglamentarias, es menester ser sumamente cuidadoso en su composición, pues una preeminencia de los órganos políticos –como efectivamente viene sucediendo-, amenaza seriamente la independencia del Poder Judicial de la Nación como uno de los tres poderes del Estado, y lo somete a una indeseada politización”, remarca el texto.
En este sentido, se propone reequilibrar la proporción de representantes de los sectores judicial, de la abogacía y académico en miras a romper la lógica de las pujas partidarias. Sobre los criterios básicos que deben presidir los procesos de selección de magistrados se plantea la necesidad de fijar pautas objetivas de evaluación de antecedentes en formación y experiencia profesional, pruebas de oposición basadas en criterios que permitan evaluar la idoneidad del concursante para el cargo al que se postula y entrevistas personales.
También se aconseja limitar todo crecimiento de este organismo, establecer mecanismos de control en la administración de sus recursos humanos y materiales, y transparentar la integración de los jurados académicos.
Recursos
El documento de FAM también plantea la necesidad de crear un fondo compensador que permita garantizar los recursos para el funcionamiento de los Poderes Judiciales en todas las provincias.
“Una de las afectaciones a la independencia judicial que se exhibe como una clara debilidad institucional del sistema de justicia de nuestro país está constituida por la profunda asimetría de recursos y de remuneraciones que diferencia a distintos poderes judiciales de las provincias argentinas y CABA. Es por donde pasa la gestión de conflictividad de aproximadamente el 87% de los procesos y causas que se tramitan en el país”, remarca el documento.
FAM considera que esta es la oportunidad, “tal vez la última”, de tratar este tema estructural. “El proceso de declive y profundización de las asimetrías salariales en los Poderes Judiciales provinciales se ha venido acentuando en los últimos años de manera muy preocupante por la combinatoria de ajustes provinciales y aumento sostenido de la inflación”, señala el organismo.
Sí a la transferencia de la justicia ordinaria
El documento también expresa el apoyo de la FAM en lo que se refiere a la transferencia de competencias ordinarias a CABA. Para el organismo, dicha transferencia “no genera agravio a las condiciones actuales en las que los magistrados, funcionarios y empleados del fuero penal ordinario de la Ciudad desarrollan sus funciones”.
“Se prevé el aseguramiento de la categoría, la intangibilidad de las remuneraciones, el respeto por la antigüedad, el mantenimiento de la obra social y de los derechos previsionales”
Sobre la implementación del juicio por jurados, la FAM reiteró su apoyo y subraya las experiencias consolidadas en esta materia en las provincias argentinas.
Párrafo aparte, merece la referencia del organismo a la necesidad de respetar la paridad de género en las coberturas de cargos para Cortes y Superiores Tribunales como así también para Tribunales Colegiados de las demás instancias.
Finalmente, se reclama que al analizar la reforma no quede disociada la justicia federal y la de los sistemas provinciales. “ Consideramos prioritario que la independencia judicial sea el hilo conductor de toda idea de reforma en los sistemas de justicia tomando para ello en cuenta los parámetros consensuados a través de instrumentos internacionales”.
