La provincia de Tucumán comenzó a implementar su nuevo Código Procesal Penal, aprobado en 2016.
El nuevo código implementa el sistema acusatorio, por lo que a partir de ahora todas las decisiones del proceso penal se tomarán en audiencias públicas, para que “a través de la oralidad garanticen los principios de transparencia, publicidad, imparcialidad, división de poderes y celeridad”.
También establece una duración máxima de todo el proceso, no pudiendo exceder éste de los tres años desde la apertura de la investigación. Asimismo, la investigación solo podrá durar seis meses.
Se establecen métodos alternativos de resolución de los conflictos, para que los delitos de penas menores tengan resolución rápida en audiencias de mediación o conciliación, entre otras formas de tratamiento de conflictos que ofrezcan soluciones de calidad para las víctimas e imputados.
La nueva legislación también contempla el juicio por jurados, pero su implementación quedará sujeta a la sanción de una ley especial.
Otros de los puntos son: los planteos de las partes serán resueltos en las salas de audiencia, evitando dilaciones procesales en la etapa de Instrucción o de Cámara; desaparecen los expedientes, ya que se prescindirá del uso del papel y todo será de manera digital para modernizar el sistema; y se forman los colegios de fiscales y de jueces.
Uno de los cambios más notables es la modificación de la estructura del Ministerio Público que tendrá tres nuevas unidades fiscales especializadas: la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas (GAP), la Unidad de Delitos Flagrantes y Unidad Fiscal de Delitos Genéricos.