Declararon la inconstitucionalidad del proyecto de reforma judicial

Por unanimidad, vía acordada, los camaristas del crimen Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Lucini, Mauro Divito, Ricardo Pinto, Mariano Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López, Magdalena Laiño y Pablo Lucero determinaron que la reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional es inconstitucional.
Para los vocales, la iniciativa no toma en cuenta la situación de la Justicia nacional.
En ese sentido, enfatizaron que supone el “completo desguace” del fuero ordinario, con la consecuente “dilapidación de recursos” que implica; en particular, “frente a las flaquezas que la República enfrenta en su capacidad de atender los servicios más elementales al ciudadano”.
Además, resaltaron que el articulado omite toda referencia a la suerte que van correr los magistrados de aquél, que quedarían privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes.
“En el caso de los funcionarios y empleados, sólo se hace referencia a que serán reubicados, sin especificación alguna relativa a su destino, ni siquiera si habrán de integrar los juzgados y tribunales del fuero que no se encuentren vacantes o si serán transferidos a los organismos del nuevo fuero federal, así como tampoco se ha contemplado ningún procedimiento de consulta a las personas interesadas o a los gremios”, acotaron.
Los camaristas expresaron: “El fuero -computando también los tribunales orales- registra actualmente 75 vacantes en sus juzgados y vocalías, por lo que la ocupación de 23 juezas y jueces en las mayores labores implicadas en la atención simultánea de sus tribunales y de los nuevos juzgados federales ha de resentir la administración de Justicia”; ello, con el agravante de la naturaleza de los asuntos de su competencia, constituida por hechos que afectan a los ciudadanos comunes, como homicidios, lesiones, despojos, violencias familiares, abusos sexuales, fraudes y criminalidad organizada en general, así como “la debida atención de los niños en conflicto con la ley penal y el resguardo de las personas detenidas”.
La Cámara sostuvo que el plan del Gobierno afecta la estabilidad en las condiciones de empleo de funcionarios y empleados y que genera imprevisión respecto de las futuras funciones de los jueces, estimando que son aspectos que requieren “mayor grado de precisión en las normas”, a fin de “evitar un trato que pueda ser interpretado como lesivo de derechos laborales y constitucionales”.
El plenario, presidido por el juez Seijas, señaló que es inconstitucional el traslado de magistrados a la justicia local, ya que las únicas causales para el cese -además del cumplimiento de la edad prevista constitucionalmente- de los jueces de la Nación en el cargo son su renuncia actual, expresa e incondicional, presentada al presidente, o bien su remoción, previo enjuiciamiento, en caso de comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones. “Carece de sostén constitucional la pretensión de transferir a jueces de la Nación a cualquier otra jurisdicción, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, concluyó.
En esa tesitura, concluyeron que los magistrados Nacionales no puedan ser transferidos a la órbita local sin su consentimiento, pues la Corte se ha pronunciado acerca del traspaso de las competencias locales.