El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que siempre fue “crítico” del sistema vigente de selección de jueces porque permite “manipular” la puntuación que obtienen en el concurso que lleva adelante el Consejo de la Magistratura.
En declaraciones formuladas a una radio porteña, el mandatario entendió que, en ese proceso, el resultado de la entrevista presencial con el o la candidata no debe representar “más del 20 por ciento” del puntaje, y sostuvo que, además, debería ser “grabada, filmada y difundida” públicamente.
Fernández aseguró hoy que “la oposición tiene todas las posibilidades de plantear sus pareceres” sobre el proyecto de reforma judicial en el Congreso, ya que no se trata de una iniciativa establecida por “un decreto de necesidad y urgencia”, al tiempo que agregó que el Gobierno está “absolutamente abierto” a escuchar los cuestionamientos. Aseguró además que “lo único” que se puso en el proyecto de reforma judicial “son límites para que nadie dude” de la independencia de los jueces.
Boletín Oficial
En tanto, el Gobierno nacional oficializó hoy la creación del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, el que, a partir del 18 de agosto próximo, deberá elaborar un dictamen con “propuestas y recomendaciones” al Ejecutivo sobre reformas a la justicia, entre ellas referidas a la Corte Suprema, en un plazo de 90 días.
Así lo hizo mediante la publicación del decreto 635/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por Fernández, quien hizo el anuncio ayer en la Casa Rosada.
Los ejes sobre los que los juristas deberán hacer sugerencias son una “descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa”, señala la norma.
Asimismo, precisa que los juristas convocados deberán analizar el “sistema de juicios por jurados” y los “criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional”.
También, la comisión deberá evaluar el “modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la ciudad de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones” al actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional porteño.
El decreto especifica que el dictamen que efectúe el Consejo Consultivo “será adoptado por mayoría de la totalidad de sus miembros e incluirá, en su caso, las disidencias y recomendaciones que cada integrante desee dejar planteadas”.
Los integrantes son Caudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Steinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Carlos Arslanian y Enrique Bacigalupo.
En los considerandos de la norma, se señala la necesidad de que el trabajo del Consejo “se encamine sobre la base de pasos firmes y amplios consensos”, y señala que, por eso, se eligió a “personalidades del ámbito del Derecho” que “demostraron en su trayectoria un compromiso con la defensa de los principios básicos que hacen a la vigencia del Estado de Derecho”.
El organismo de juristas funcionará en el ámbito de la Presidencia de la Nación.
La manipulación deviene a que en el proceso de selección no deben existir mayoría de políticos porque se crea una serie de favores que luego se tienen que pagar. Esto no es ninguna novedad. La selección de jueces en su caso debería hacerse una vez aprobados los concursos y establecida por lista mediante un consejo de personas que se extraigan de un padrón electoral y que solo ellos conozcan su designación y votar en secreto. Dicha comisión debería estar integrada por varias personas de diferentes categorías sociales